Además del incremento de los delitos comunes, Cartagena y la Región de Murcia han visto un aumento preocupante de las ocupaciones ilegales y los empadronamientos fraudulentos en 2024. Esta situación ha derivado en conflictos vecinales y una sensación de indefensión entre los propietarios de viviendas.
El problema de las ocupaciones
Las ocupaciones ilegales han crecido de manera alarmante en barrios como Los Dolores, San Antón, Vista Alegre y La Palma en Cartagena, así como en municipios como Alcantarilla, Santomera y Lorquí.
Muchas de estas viviendas pertenecen a pequeños propietarios o son segundas residencias que han quedado desprotegidas ante la falta de vigilancia. En algunos casos, la ocupación ha generado enfrentamientos con los vecinos, especialmente cuando los ocupantes provocan molestias o deterioro en las comunidades.
Uno de los mayores problemas es la dificultad para recuperar una vivienda ocupada, ya que los desalojos pueden tardar meses debido a los procedimientos legales, lo que deja a los afectados en una situación de impotencia.
El empadronamiento ilegal: un nuevo desafío
A este problema se suma el empadronamiento fraudulento, una práctica que ha ido en aumento y que está generando preocupaciones en los ayuntamientos. Inscribirse en domicilios ajenos sin el consentimiento del propietario dificulta el control de la seguridad y el acceso a servicios públicos, además de suponer un reto para las administraciones locales, que deben verificar la autenticidad de las solicitudes.
Esta práctica se ha detectado en diversas zonas de Murcia y Cartagena, especialmente en barrios donde hay alta movilidad de población. Aunque algunos ayuntamientos han endurecido los controles, la pasividad del Gobierno central ha permitido que esta práctica siga creciendo sin consecuencias reales para los responsables.
El trabajo policial ante las ocupaciones y los empadronamientos irregulares
Las fuerzas de seguridad hacen lo posible por atender las denuncias relacionadas con ocupaciones ilegales y empadronamientos irregulares, pero se enfrentan a grandes obstáculos. En el caso de las viviendas ocupadas, los procedimientos judiciales pueden alargarse, dejando a los propietarios en una situación de desamparo.
En cuanto a los empadronamientos, la policía solo puede actuar cuando hay indicios claros de fraude, lo que complica la intervención rápida en estos casos. El Gobierno estatal sigue sin dotar de herramientas legales efectivas a los ayuntamientos y fuerzas de seguridad para combatir estos problemas con mayor contundencia.
Medidas urgentes para frenar esta problemática
Para evitar que la situación empeore, es imprescindible adoptar medidas contundentes:
- Agilización de los desalojos para que los propietarios puedan recuperar sus viviendas en menos tiempo.
- Mayor control de los empadronamientos con inspecciones más rigurosas y sanciones para quienes faciliten fraudes.
- Reformas legislativas para que la ocupación ilegal sea tratada como un delito con consecuencias inmediatas.
- Refuerzo de la vigilancia en barrios con alta tasa de ocupaciones, especialmente en viviendas deshabitadas.
- Campañas informativas para que los propietarios sepan cómo actuar en caso de ocupación ilegal.
El Gobierno central ha fallado en su gestión de este problema, permitiendo que los ocupantes ilegales y quienes abusan del empadronamiento fraudulento sigan actuando con total impunidad. Sin una reforma legal clara y una actuación firme, la situación solo seguirá empeorando, afectando la seguridad y la convivencia en Cartagena y en toda la Región de Murcia.
