El informe resumen anual sobre el control interno del interventor municipal en el año 2023 destapa que el Gobierno de Noelia Arroyo ha efectuado el pago de más de 13,4 millones de euros en concepto de consumo eléctrico a través de facturas que están fuera del contrato, que venció justo cuando la alcaldesa tomó el cargo y no ha vuelto a renovarse. "Es una cuestión en la que MC ha insistido en varias ocasiones y ahora, el interventor, eleva la voz de alerta por haber efectuado el pago de estas facturas sin el debido amparo normativo", explica la concejal de MC Cartagena, Isabel García.
Este informe también recoge que el Ayuntamiento debe prever el vencimiento de los contratos de tracto sucesivo -aquellos en donde las prestaciones se van haciendo de forma continuada a lo largo del tiempo-, "y licitarlos con mayor antelación para evitar el pago de facturas sin contrato, como ha sido el caso", añade.
Esta cuestión vuelve a demostrar la incapacidad de gestión del Gobierno local, ya que "desde que Arroyo es alcaldesa, Cartagena no cuenta con un contrato de suministro eléctrico", destaca la edil cartagenerista. "Eso sí, las luces de Navidad ya están instaladas en un nuevo titular del Ejecutivo municipal, más preocupado en el pan y circo en vez de destinar todos sus recursos en mejorar los servicios y pagar en tiempo y forma", añade García.
El informe del interventor también saca los colores del Gobierno de Arroyo en otras facturas pagadas fuera de contrato, como las del mantenimiento del alumbrado público, las de comedor de escuelas infantiles, las de limpieza de colegios públicos o las de mejoras de jardines y arbolado, entre otras. "Unos pagos millonarios sobre los que el interventor alerta de que se están efectuando sin amparo contractual", indica la edil cartagenerista.
Más incumplimientos
Por otro lado, el informe del interventor, llevado a la Comisión de Hacienda fuera del orden del día, también pone el foco en el patrimonio municipal, que lleva sin actualizar cinco años. En este sentido, se sostiene que el Ayuntamiento desconoce el valor de las propiedades que dispone en el municipio.
Y se suman más incumplimientos en el documento del interventor, como la falta de control sobre la gestión del padrón de la tasa de recogida de residuos, que está cedida a la concesionaria del servicio de aguas, y que ingresa directamente el producto de recaudación, previa compensación del premio de cobranza, por lo que no aparece en las cuentas del órgano de gestión recaudatoria.
Finalmente, el interventor señala que el auditor elude dar su opinión a las cuentas anuales del Consorcio Cartagena Puerto de Culturas, ante la imposibilidad de realizar su trabajo.
