MC Cartagena instará en el próximo Pleno al Gobierno local a agilizar la redacción y terminación de la nueva ordenanza de residuos de la construcción y demolición para el municipio, así como su entrada en vigor a la mayor brevedad posible, después de que se anunciara hace dos años y que no se haya hecho nada todavía al respecto.
No obstante, es ya urgente habilitar los procedimientos necesarios y la dotación de medios adecuados para acortar los plazos de retirada de residuos vertidos ilegalmente en nuestro término municipal, puesto que hay que actuar con la mayor diligencia en esta materia para paliar el deterioro medioambiental paisajístico y el riesgo a la salud de las personas.
Según el edil de MC Cartagena, Enrique Pérez Abellán, "los vertidos incontrolados siguen apareciendo en márgenes de caminos, descampados, ramblas, espacios públicos y a veces privados. Electrodomésticos, colchones, muebles viejos, inodoros, piezas de vehículos y escombros en general de obras y demoliciones de la construcción, son los más frecuentes, generalmente depositados en horario nocturno o fines de semana. De ellos, algunos son especialmente contaminantes llegando a filtrarse, en ocasiones, sustancias peligrosas a los acuíferos, siendo también un riesgo directo para la salud de las personas, de los animales y produciendo deterioro paisajístico".
A lo que añade que, "solo con acercarse a zonas periféricas a la ciudad como el Sector CC1, Rambla de Benipila, alrededores del cuartel de la Guía, caminos de servicio en las diputaciones como el paralelo a la vía de tren de la estación Pozo Estrecho - La Palma, al camino de servicio de la carretera Molinos Marfagones - Prolam a la altura del puente de la AP-7, o al paraje de Las Fanegas en Los Dolores, entre otros, se pueden contemplar muestras suficientes de ello".
Pérez Abellán señala especialmente que "todas estas conductas constituyen hoy un incumplimiento de la reciente Ley 7/2022, de 9 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados, recientemente dictaminada por el Estado y que reemplaza a la de 2011".
Y hace hincapié en que "el Gobierno local sigue con el hándicap y con su incapacidad para poner solución al vertido incontrolado de residuos en diferentes puntos del municipio, donde improvisadas escombreras y vertederos ilegales van proliferando, en lugar de disminuir y hacerlos desaparecer, como cabe esperar. De hecho, mi grupo se lo ha venido advirtiendo y recordando al gobierno en distintas iniciativas desde 2020".
Cartagena tiene que adaptarse a la nueva ley
Los ayuntamientos ahora tienen que regular, entre otras medidas, sus actuales ordenanzas a la nueva ley en materia de residuos y, por otro lado, ésta ahora contempla la obligación de las entidades locales de aprobar sus ordenanzas a la adaptación de dicha ley, procedimiento que desde hace años MC viene advirtiendo al Gobierno local con distintas iniciativas para la adaptación y redacción de una nueva ordenanza actualizada, puesto que la actual ordenanza municipal de limpieza urbana de nuestro municipio ha quedado obsoleta, desde su redacción a finales de los ochenta, y ahora la nueva incluye los residuos de la construcción y demolición.
El concejal cartagenerista indica, de igual forma, que "la dilatación a la hora de no actualizar la obsoleta ordenanza municipal en gestión de residuos y limpieza de espacios públicos, en prevención y reducción de generación de residuos y sus impactos, como los de proteger el medio ambiente y la propia salud humana, pone en entredicho la gestión del Gobierno municipal".
"Lo único que sabemos a día de hoy, es una respuesta del gobierno a una pregunta de mi grupo en octubre de 2022, de que a finales de 2021 la Junta de Gobierno local aprobó iniciar expediente y procedimiento de consulta pública durante 20 días para que vecinos, asociaciones y entidades aportaran sugerencias para la elaboración de una nueva ordenanza municipal de limpieza viaria y gestión de residuos del municipio. Una vez terminado el plazo, incluso se recibieron ofertas de empresas especializadas en la materia y se había seleccionado a una a la que se le contrataría su elaboración y redacción. Pero nada más se sabe. Ante esta situación poco trasparente, el gobierno debería de informar del estado de la nueva ordenanza, de los expedientes abiertos y sancionados, pues la situación es alarmante", finaliza Enrique Pérez Abellán.
