La alcaldesa, Noelia Arroyo, considera un éxito de la presión política y social realizada desde Cartagena la renuncia del Gobierno central a instalar un CETI en el municipio, información recogida en la prensa local y atribuida al delegado del Gobierno, pero exigirá garantías de que esa renuncia es definitiva.
“Cartagena ha dejado clara su solidaridad y su disposición a colaborar en la solución del problema, pero la solución no puede estar en concentrar solo aquí todos los recursos destinados a la gestión de la inmigración en la zona. Por eso, nos parece bien que se empiece a hablar ya de que Cartagena no sea la sede de un segundo establecimiento de estas características, pero necesitamos garantías. Ya tenemos la experiencia de que en el pasado se nos dijese que no íbamos a tener un CATE y finalmente se nos impuso en pleno puerto”.
Arroyo ha recordado que, desde que se conoció la existencia de visitas a instalaciones militares de Cartagena con la finalidad de implantar un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, ha trasladado la oposición del gobierno municipal tanto al delegado del gobierno como al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La alcaldesa espera respuesta por escrito que confirme la renuncia definitiva del Gobierno a instalar un CETI en Cartagena.
“Nuestro rechazo a la concentración de recursos incluye levantar en Cartagena campamentos para recoger migrantes llegados a otros puntos de España porque ya ha quedado demostrado que el Gobierno no es capaz de gestionar adecuadamente ni a los que llegan directamente a Cartagena”, ha dicho Arroyo.
Respaldo social
La alcaldesa recuerda que la oposición a concentrar recursos en Cartagena esa sido respaldada por la mayoría de la Corporación municipal a través de varias iniciativas de los grupos políticos aprobadas en el pasado Pleno ordinario.
Además, se han sumado a ese rechazo organizaciones como la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), la Cámara de Comercio y la Federación de Asociaciones Vecinales de Cartagena y Comarca (FAVCAC). Todas ellas, recuerda la alcaldesa, “son conscientes de nuestra obligación de solidaridad, pero comparten la necesidad de que los recursos se instalen donde no hay presión inmigratoria y, de esta manera, garantizar esos servicios sin crear nuevos problemas”.
