Esta mañana se ha tratado durante la sesión del Pleno del mes de marzo la propuesta del Gobierno para la 'subsanación del defecto formal' de la ordenanza de la tarifa del agua. Lo que el PP, tránsfugas y Ciudadanos llaman defecto de formal fue en realidad una condena por violación de los derechos fundamentales de los concejales de la Corporación.
Durante su intervención, el portavoz adjunto de MC, Jesús Giménez, ha expresado el rechazo de la formación cartagenerista a una ordenanza que supone que cada vecino tenga que hacer frente en su recibo la compensación del coste de personal, algo que debe asumir Hidrogea por beneficiarse de un cuantioso contrato de más de 40 millones.
Giménez ha explicado también que la tarifa se ha engordado a cargo del Plan de Inversiones Cartagena Sostenible, unas obras de carácter electoralistas que buscan beneficiar al Gobierno, encareciendo el recibo también con obras no previstas a fecha de la adjudicación del servicio municipal de agua.
En definitiva, esta aprobación supone que "en contra del criterio de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, el Gobierno ha decidido incluir 10 millones de euros en obras y unos aseos públicos, algo que no está contemplado en el pliego", lo que supone en la práctica una modificación del contrato.
Giménez ha explicado que MC trabajará en conocer si esta conducta encaja en el Código Penal en lo que se refiere a exacciones ilegales (cobrar de más de forma consciente a un administrado), o si se tratara de una prevaricación.
El portavoz cartagenerista ha puesto de relieve que "no se puede hacer lo que se quiera en un Estado de Derecho". Respecto a números, el Gobierno local podría ahorrar un 12% al contribuyente pero ha preferido utilizarlo para obras, llevando en su propuesta oficial un borrado de 'typex' que trata de ocultar que han subido la tarifa industrial en un intervalo entre un 300 y el 900%.
