Esta mañana, el portavoz adjunto de MC Cartagena, Jesús Giménez, ha sido el encargado de trasladar el posicionamiento de nuestra formación, durante el pleno extraordinario promovido por MC, que ha tenido por objeto 'indagar' sobre las probables cantidades abonadas de manera indebida por el Consistorio en el marco del contrato de limpieza municipal con la mercantil 'Lhicarsa'.
Lo aprobado hoy, MC y el Tribunal de Cuentas empujan
El Gobierno de N. Arroyo (PP) y la tránsfuga Ana Belén Castejón se ha 'comprometido', uniéndose al voto unánime de la oposición, a cuantificar, de manera textual, las cantidades "abonadas a Lhicarsa por el Ayuntamiento de Cartagena en concepto de asistencia técnica desde el inicio del contrato a la actualidad y no percibidas de Lhicarsa (por el Ayuntamiento) por la venta de los determinados subproductos generados por la planta de tratamiento de residuos, los beneficios económicos derivados de la venta de electricidad de la planta de biogás o los beneficios de la sociedad".
Del mismo modo, "cualesquiera otros se desprenden del informe y los estudios municipales y, en particular, las que resulten de la falta de medios humanos y materiales que proceden conforme al contrato".
Ni Comisión de Investigación, ni control; a cambio, despilfarro
Ocultación de información, posibles pagos injustificados, ausencia de control y fiscalización. Esas son las directrices del PP, antes con P. Barreiro, ahora con su continuadora, N. Arroyo, a las que hay que añadir la tránsfuga Ana Belén Castejón, en relación a la 'enfangada' y sucia gestión de las populares en el contrato municipal de la limpieza viaria y recogida y tratamiento de residuos sólidos.
A modo de contextualización, el dirigente cartagenerista ha recordado que la alcaldesa del PP ocultó la información al Tribunal de Cuentas (en términos periodísticos diríamos que esto no es opinión sino información), no aceptó crear una Comisión de Investigación, al tiempo de recordar que "nunca antes de 2017 existió un informe de control de Lhicarsa". Cabe precisar que les pagamos (los cartageneros) casi cuarenta millones al año.
Posteriormente, ha añadido que, como es obvio, las infracciones se detectaron "cuando José López fue alcalde y MC gobernó". En este punto, ha hecho un aparte para mencionar "a los funcionarios valientes que pusieron nombre y número a esos incumplimientos a partir de 2015". Al hilo de este trabajo, conviene recordar lo manifestado por estos empleados municipales. "No se debía pagar a Lhicarsa porque no cumplía".
Expulsados por exigir control y fiscalización
En esta cronología de hechos resulta obligado rememorar que "José López fue expulsado del Gobierno en verano de 2017, pensando la ahora tránsfuga Castejón y el PSOE de entonces que con eso se acababa la fiscalización y el control de las concesionarias".
Nada más lejos de la realidad. Giménez también ha recordado que en octubre de 2017 MC elevó estos informes a la Asesoría Jurídica Municipal y ésta negó la posibilidad de suspender los pagos a Lhicarsa por "las discrepancias que pueden significar un incumplimiento de contrato, derivándose la imposibilidad de certificar la efectiva realización del contrato".
Meses más tarde, en 2018, la formación cartagenerista volvió a informar de estas cuestiones, demostrándose el nulo interés de tránsfugas (antes socialistas) y el PP en este asunto puesto que "aquí estamos, cinco años, un lustro después, con la oposición reclamando que se cuantifique el daño".
Un Gobierno cómplice y Cartagena sucia
Por todo ello ha considerado necesario "recordar que este Gobierno es el que se ha negado no sólo a resolver el contrato, sino que se ha negado a intervenir la empresa".
Y por el contrario "Cartagena sigue sucia, más que nunca y hasta trabajan en una nave que incumple las condiciones legales y miran para otro lado".
