Tras la implantación de sistema informático DICIREG en el mes de noviembre se ha producido en el Registro Civil de Cartagena el colapso que CCOO ya venía advirtiendo.
El 28 de noviembre entró en funcionamiento Dicireg en el Registro Civil General de Cartagena y en las Oficinas Colaboradoras de La Unión y Fuente Álamo y, tras un mes y medio de rodaje, el colapso es más que evidente, los/as funcionarios/as están desbordados/as y la ciudanía descontenta por el retraso de trámites imprescindibles como la inscripción de nacimientos, la jura de nacionalidades, etc.
Nada más comenzar a andar este nuevo modelo de Registro Civil el pasado 28 de noviembre ya se notan las acumulaciones y retrasos en la Oficina General de Registro Civil en el partido judicial de Cartagena: lista de espera de citas solicitadas electrónicamente pendientes de ser atendidas; centenares de juras de nacionalidad para tramitar,; retrasos y listas de espera para la tramitación de matrimonios y nacimientos, tardando estos últimos hasta cuatro y cinco semanas en ser iniciados, provocando que mucha gente, fruto de la desesperación, acuda directamente a las Oficinas Colaboradoras de Fuente Álamo y La Unión para ver si pueden agilizar los trámites.
CCOO ha denunciado ante el Ministerio de Justicia que el Registro Civil General de Cartagena era una oficina infradotada de personal y de medios para una población del partido judicial de más de 250.000 habitantes, pues tan solo son nueve funcionarios/as los que están destinados en dicha oficina. Las dificultades y limitaciones técnicas que ofrece el programa Dicireg, el aumento de la carga de trabajo, las bajas laborales de dos funcionarios que no han sido sustituidos por personal interino y la jubilación próxima de otro, han hecho el resto para acabar de colapsar dicha oficina y el servicio público esencial que ofrece a la ciudadanía.
Los "intentos" de solución adoptados hasta ahora son claramente insuficientes: dos funcionarios del Juzgado de Primera Instancia n°2 de Cartagena se han incorporado por las mañanas a la Oficina del Registro Civil, ayudando a la tramitación de expedientes y a la atención al público, mientras siguen realizando su trabajo en el Juzgado de Instancia asistiendo por las tardes de forma altruista, sin recibir a cambio ningún tipo de compensación económica; y una persona de refuerzo nombrada sólo para tres meses y cuya prórroga todavía no está aprobada. Además, se están derivando asuntos de Cartagena a las Oficinas Colaboradoras de La Unión y de Fuente Álamo, motivándolo en la situación de colapso existente en la Oficina General de Cartagena, cuestión ésta que para CCOO es del todo ilegal.
Todas estas medidas improvisadas y, en algunos casos, ilegales, son consecuencia de la irresponsabilidad del Ministerio que es quien tiene la obligación de dotar de medios al servicio para su correcta prestación de cara a la ciudadanía y, además, hacerlo respetando las condiciones de trabajo del personal y las leyes que las regulan.
CCOO ha solicitado por escrito al Ministerio que se adopten con carácter urgente medidas que, en algunos casos pudieran ser coyunturales mientras dure dicho colapso pero otras son medidas de naturaleza estructural: la prórroga del personal de refuerzo y el nombramiento de otro para que se consoliden en plazas de plantilla, nombramiento inmediato de las dos personas interinas sustitutas de las dos personas de baja por incapacidad temporal, la aprobación inmediata de prolongaciones de jornada con carácter voluntario y durante el tiempo necesario para dar cobertura a la correcta prestación del servicio y evacuación de las acumulaciones producidas.
El sindicato desconoce si la evidencia de un colapso anunciado es la razón por la que el Ministerio ha tenido que frenar en seco el despliegue de DICIREG en los partidos judiciales de la Región de Murcia que estaba previsto que se implantara durante este primer semestre 2023 reconociendo así implícitamente su fracaso, y posponer dicha implantación hasta el año 2024.
Por todo lo expuesto desde CCOO exige al Ministerio de Justicia la urgente necesidad de adopción de medidas extraordinarias en la Oficina General del Registro Civil de Cartagena.
