La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha cifrado en 18 millones de euros el impacto económico que ha tenido hasta la fecha “la subida de precios desbocada” sobre las cuentas municipales. Por ello, ha reiterado la necesidad de que el Ayuntamiento de Cartagena reciba los los fondos extraordinarios que hemos reclamado a través de la FEMP “porque mientras la inflación ha subido un 7,5 %, la aportación del Estado a los municipios solo ha sido de un 2%”.
Arroyo ha asegurado que “en el Congreso de los Diputados, el Gobierno y sus socios han dicho no a las enmiendas que presentamos todos los ayuntamientos de la FEMP, de todos los colores políticos, para compensar los déficits que venimos arrastrando desde que estalló la pandemia y que son imprescindibles para ayudar a las familias a superar la crisis y reactivar la economía y el empleo”.
“Estamos asumiendo con recursos propios el coste de la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la plusvalía municipal; el incremento de los precios de los suministros, especialmente la subida desmesurada de la factura de la luz, así como el alza del precio de los materiales que está provocando tener que revisar los precios de los contratos, y la subida salarial de los empleados públicos”, ha dicho.
“Mientras que los Ayuntamientos cada vez somos más pobres, el Estado ha recaudado 28.000 millones de euros más de lo previsto. No puede negarse a darnos auxilio para seguir atendiendo y protegiendo a nuestros vecinos”, concluye Arroyo.
En la Junta de Gobierno de la FEMP, reunida en Estepona, los alcaldes también han insistido en demandar al Estado el retraso de la entrada en vigor de la Ley de Residuos.
