Hoy, la concejal del Grupo municipal MC Cartagena, María Dolores Ruiz, ha informado de la solicitud de su formación, dirigida a la Alcaldía, para que se dé cumplimiento al acuerdo de Junta de Gobierno local, de 27 de abril de 2012 y que, al amparo del mismo, "se lleven a cabo las obras de restauración, inmediatas y subsidiarias, en el Monasterio de San Ginés de la Jara (Bien de Interés Cultural), alejando esta actuación de cualquier desencuentro urbanístico. Esperamos la materialización de un acuerdo que Pilar Barreiro se vio obligada a aceptar por nuestro impulso".
Así ha comenzado su argumentación la concejal cartagenerista, quien ha lamentado el "conformismo de los gobiernos con el abandono de las obras del Monasterio de San Ginés de la Jara".
Facultados para actuar con carácter subsidiario
Ruiz ha hecho una cronología de los hechos, estimando el apartado tercero de lo dictaminado por la Junta de Gobierno local, refrendado en 2016 por el Tribunal Superior de Justicia, que especifica que en el caso de apreciarse "falta de diligencia en la actuación o demoras injustificadas en el desarrollo de la obras de restauración por parte de la propietaria", faculta a la "inmediata ejecución subsidiaria de la obra", cuestión que parece no entrar en la agenda del Gobierno local.
Posteriormente, la edil ha recordado que la misma sentencia de 2016, en su fundamento de derecho tercero, dispone que "el compromiso de llevar a cabo la restauración no se encuentra vinculado a la aprobación del proyecto de urbanización".
María Dolores Ruiz ha aclarado, a continuación, que la solicitud de resolución del 'Convenio Urbanístico del Programa de actuación del Sector SG-1 San Ginés de la Jara' por parte de la propietaria, Hansa Urbana, fue desestimada por la Junta de Gobierno local alegando "que existen unas diligencias penales que afectan directamente a los instrumentos de ordenación territorial y planeamiento", lo que obliga a suspender, hasta su resolución, la tramitación del proyecto de reparcelación.
El impulso de MC frenado por los posteriores gobiernos
La concejal cartagenerista ha añadido que la sentencia 141/2016 del Tribunal Superior de Justicia "fue ejecutada por José López durante sus responsabilidades en la Alcaldía, provocando que la promotora se comprometiera a cumplir con la sentencia que le obliga a restaurar el conjunto monumental. Pero tras la salida de MC de la Alcaldía y posteriormente del Gobierno volvió la 'relajación' a la gestión municipal y producto de ello nos encontramos con el abandono que hoy denunciamos".
Finalmente, María Dolores Ruiz ha recalcado que en este contexto el órgano regional que detenta las competencias en patrimonio histórico, la Dirección General de Bienes Culturales de la CARM, debe exigir "al Ayuntamiento de Cartagena la inmediata ejecución subsidiaria de las obras de restauración del monumento. De no hacerlo, ambas administraciones serán las corresponsables de perpetuar el abandono premeditado y planificado de una de las joyas de la corona de nuestro patrimonio, echando más tierra sobre el presente y futuro de nuestro municipio y Comarca".