La crisis sanitaria consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19 ha puesto sobre la mesa la realidad de la consideración y atención a las personas en situación de fragilidad, discapacidad y dependencia, muchas de ellas personas de edad avanzada y otras más jóvenes con grandes necesidades de apoyo. Se trata de situaciones que no son nuevas, que vienen siendo objeto de debate y denuncia hace tiempo, pero se han hecho mucho más visibles ahora ante la dureza de las situaciones que estamos viviendo, aflorando carencias importantes en nuestro sistema de cuidados. También se están evidenciando riesgos futuros en torno a cómo conjugar valores que deben estar equilibrados en el cuidado, como la salud y la libertad de las personas.
Resulta del todo imprescindible generar un debate con el fin de una revisión de los cuidados en España para poder mejorar los cuidados, la coordinación y la alternancia de servicios, y los problemas de competencias para conseguir la eficacia deseada y que necesitan las personas dependientes.
CUIDADOS DOMICILIARIOS
Partimos de la base de que más de 3/4 del total de mayores de 65 años y personas de menor edad en situación de fragilidad, dependencia o discapacidad, prefieren vivir en su casa y seguir participando en su comunidad. Parece evidente que hay que avanzar en una propuesta de atención integral en el domicilio capaz coordinar a todos los implicados en esta atención: familias en primer lugar, servicios sociales (SAD fundamentalmente, que debe ser reforzado, aunque no exclusivamente), atención primaria y especializada de salud, sector de empleo de hogar y cuidados, asistentes, voluntariado, servicios de proximidad e iniciativas de participación comunitaria. Es urgente ampliar la cobertura pública y el nivel de protección para todos los grados de dependencia, y hacerlo garantizando un mejor funcionamiento de los servicios e infraestructuras, incorporando más profesionales. Resulta necesaria, por tanto, una atención sociosanitaria integrada y centrada en las personas que viven en sus domicilios, coordinando los servicios necesarios para mejorar su calidad de vida y el de su entorno familiar tal como recomienda la OMS.
Además, y en tanto dure el peligro del COVID-19, hay que garantizar la puesta en marcha de protocolos de actuación específicos y de obligado cumplimiento, formación específica para el personal, abastecimiento de productos de limpieza específicos y controles de inspección para velar por su cumplimiento, y también garantizar que las personas del entorno familiar que se han hecho cargo del cuidado de las personas dependientes, usuarias de recursos cerrados (centros de día y similares) o de SAD, reciben la Prestación por cuidados en el entorno familiar, dejando sin efecto las posibles incompatibilidades establecidas entre servicios (recomendación técnica de actuación realizada desde el IMSERSO).
Todo esto conllevará el inevitable incremento presupuestario y de empleos especializados a corto plazo, a cambio de una mejora importante en los cuidados prestados y en la calidad de vida de las personas que los reciben, y de decenas de miles de mujeres, sobre todo, que trabajan en este sector y que no disfrutan de las mínimas condiciones de seguridad y legalidad, con las consecuencias personales que esta situación genera, pero hay mucho margen para ello. Tengamos en cuenta que, en 2017, el gasto social en familia/hijos/as per cápita en paridad de poder adquisitivo era de 760 en la UE-15, 701 en la UE-28 y sólo 330 en España. En porcentaje del PIB, esta diferencia de gasto se traducía en que la UE-15 dedicaba de media 2,4% de su PIB a esta área, la UE-28, 2,3% y España dedicaba la mitad (1,2%). En millones de euros, esta diferencia se traducía en una inversión de 333 millones de media en la UE-15, 359 en la UE-28 y sólo 14,5 en nuestro país. Por otro lado, atendiendo a los datos que ofrece la OCDE, en 2017 el gasto social en cuidados de larga duración (cuidados para personas en situación de dependencia) constituía el 3,7% del PIB en Holanda, el 3,2% en Suecia, el 1,9% en Francia, el 1,5% en Alemania, el 1,4% en Reino Unido y sólo el 0,7% en España.
CUIDADOS EN RESIDENCIAS
Necesitamos pensar y definir un cambio en profundidad del modelo de alojamientos para personas mayores o personas con discapacidades que precisan apoyos para continuar con sus proyectos de vida. Son precisas alternativas de alojamiento que dispensen cuidados e intervenciones profesionales orientadas hacia una atención centrada en las personas. La experiencia de otros países, avalada por décadas de desarrollo y evidencia científica, sugiere la bondad de desagregar los conceptos "vivienda" y "cuidados" haciendo depender cada uno de su ámbito competencial natural. Esta diferenciación, además de racionalizar el gasto público en recursos destinados a los cuidados, nos alejaría definitivamente de los modelos institucionales. La vivienda garantiza espacio propio, intimidad; y en los entornos domésticos los cuidados y apoyos se ofrecen en función de las diferentes necesidades de cada situación de dependencia.
No son necesarias urbanizaciones con chalets unifamiliares o compartidos por el alto coste que representa, de construcción y de gestión, para Servicios Sociales y la mayoría de personas dependientes, y porque de lo que hablamos es de cambiar el sistema copia del hospitalario de habitaciones compartidas, por el de apartamentos con nuevos diseños arquitectónicos y nuevas fórmulas organizativas, de servicios y de gestión lo más similares a un hogar, donde se garantice la intimidad, se personalice el cuidado y se evite la continua rotación de profesionales, y donde el tiempo y las actividades se organicen pensando en las personas y en alimentar una vida con sentido.
Hay, por tanto, que erradicar definitivamente los macrocentros privados o concertados que almacenan personas donde la mayoría de las habitaciones son compartidas, y dejar de percibir como un lujo las habitaciones individuales. Esos centros, donde las personas permanecen casi todo el día en salas repletas de "internos" alineados, evitar el contagio cuando hay enfermedades fácilmente transmisibles puede acabar siendo una misión imposible como ha ocurrido con la pandemia del COVID-19. Consideramos urgente que, desde el parque residencial que ahora existe, se provoque su tránsito hacia el cambio de modelo, contextualizándolo en la realidad concreta de cada centro.
Al mismo tiempo, es imprescindible apoyar y cuidar a los y las profesionales, dignificando su labor, supervisando el desarrollo de sus competencias de atención integral y relacional, invirtiendo en el cuidado de los equipos y en la mejora de las organizaciones. Esto no puede considerarse como algo superfluo y por tanto prescindible. Solo así podremos avanzar en un buen cuidado. Hay que corregir la escasez de profesionales bien formados y la precariedad de las condiciones de trabajo en las residencias privadas y concertadas puesto que, aunque no es una condición única ni suficiente para garantizar la calidad de cuidados y apoyos, es una cuestión que debe ser subsanada.
