El Consejo de Ministros ha aprobado el "Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad"que establece los principales parámetros e instrumentos para la adaptación del conjunto de la sociedad a la "nueva normalidad".
El plan constará de cuatro fases y pasar de una a otra dependerá de la capacidad del sistema sanitario, situación epidemiológica, medidas de protección en espacios públicos, datos de movilidad y socioeconómicos. La provincia será el espacio territorial donde se desarrollarán las actividades permitidas y, en principio, no habrá movilidad entre provincias o islas hasta alcanzar la "nueva normalidad".
Desde la Confederación valoramos positivamente el desarrollo del plan de desescalada por fases y no por fechas, para permitir adaptarlo a la situación variable que estamos viviendo. No obstante, nos parece necesario una mayor definición en los criterios para pasar de una fase a otra y qué autoridad será competente para tal autorización.
Asimismo, echamos en falta la consulta a los empresarios para permitir conocer la situación de cada sector, definir las diversas opciones y atender a las necesidades para el reinicio de cada actividad económica.
Además, esas medidas deben estar perfectamente coordinadas con una flexibilización de los ERTES, que desde la patronal venimos continuamente reivindicando, y que se presenta absolutamente necesaria. Si el plan de desescalada prevé una serie de restricciones al desarrollo de la actividad empresarial, como la cita previa para el comercio, la reducción en el aforo de los establecimientos del sector hostelero, o las restricciones de movimientos de los ciudadanos en el sector hotelero, es evidente que la actividad económica no se va a poder desarrollar al 100 por 100. Sin embargo, sí es obligatorio reincorporar al 100 % del personal. Con estas circunstancias, la viabilidad de las empresas se vería gravemente afectada.
Con independencia de ello, plantear el reinicio de la actividad económica sin definir las medidas sanitarias que deben implementarse coloca a las empresas en una situación de grave inseguridad, además de impedirles instalar las medidas necesarias con tiempo suficiente para que el día en que se produzca ese reinicio, se pueda desarrollar la actividad con todas las garantías.
"Desde COEC exigimos que estas medidas estén perfectamente coordinadas con una flexibilización de los ERTES, es decir, que los empleados puedan incorporarse gradualmente a sus empresas, para garantizar la viabilidad de las compañías ante una reducción del mercado" ha manifestado Ana Correa.
Por tanto, reclamamos del Gobierno Nacional se proceda con carácter urgente a flexibilizar los ERTES y a detallar las medidas sanitarias que deben ser implantadas en cada sector de la actividad económica, en perfecta coordinación con el sector empresarial.
