La Junta de Gobierno ha decidido este lunes 30 de diciembre iniciar el expediente de suspensión cautelar de las medidas del Acuerdo de Condiciones de Trabajo que debían entrar en vigor en enero, después de que los informes técnicos realizados por la Intervención municipal, la Asesoría Jurídica y la Oficina Presupuestaria hayan advertido que el actual contexto económico hacen inviable su aplicación, según ha informado esta mañana la alcaldesa, Ana Belén Castejón, en una comparecencia ante los medios realizada junto a la vicealcaldesa, Noelia Arroyo, y el primer teniente de alcalde, Manuel Padín.
La alcaldesa ha anunciado que el Gobierno quiere abrir el mismo día 7 una mesa de diálogo con los representantes sindicales de los trabajadores para empezar a negociar el mejor acuerdo posible dentro de los limites presupuestarios.
"Cuando se aprobó el acuerdo de condiciones de trabajo del Ayuntamiento, el gobierno y los sindicatos eramos plenamente conscientes de que éste se podría aplicar en su integridad y con los plazos previstos si las condiciones económicas generales y particulares del Ayuntamiento lo permitían", ha recordado la alcaldesa.
Los informes estudiados esta mañana por el Gobierno coinciden en que el nuevo contexto de desaceleración económica no permite un aumento en los ingreso del Ayuntamiento e impide asumir los incrementos en retribuciones y horas extraordinarias que representa la entrada en vigor de algunas de las medidas recogidas en el acuerdo. Su aplicación directa supondría incumplimiento de los criterios de estabilidad y el limite de gasto establecidas por Ley y obligarían al Ayuntamiento a elaborar un Plan Económico-financiero supervisado por el Ministerio de Hacienda.
Castejón, que ha agradecido el trabajo y compromiso de los empleados municipales, ha remarcado que esta decisión viene precedida de cambios en las previsiones económicas y la aparición de nuevas obligaciones para las arcas municipales contraídas este año, como los préstamos para hacer frente a las obras de la DANA y los contenciosos derivados de la anulación del Plan General.
La vicalcaldesa, Noelia Arroyo, ha destacado que esta es una decisión del Gobierno “consensuada y adoptada desde el rigor y la responsabilidad” ante la ralentización económica, la inestabilidad política y las nuevas obligaciones a las que el Ayuntamiento ha tenido que hacer frente.
