Esta mañana, el Grupo municipal MC Cartagena, representado por su portavoz, José López, viceportavoz, Jesús Giménez, y la concejal, Isabel García, han comparecido en la sala de prensa del Palacio Consistorial para transmitir el posicionamiento de su formación en relación al acuerdo de condiciones de trabajo de los funcionarios y del convenio del personal laboral del Ayuntamiento de Cartagena para los próximos cuatro años (2019 hasta 31 de diciembre de 2022).
Conviene recordar que la escenificación de este acuerdo se produjo el pasado 11 de abril, a raíz de un dictamen de la Junta de Gobierno local. El portavoz de MC ha comenzado recordando que "durante la campaña electoral ya avisamos que se trataba de un acuerdo ilegal conforme a la doctrina y la jurisprudencia a la que tuvimos acceso". Acto seguido, ha afirmado que la actual concejal de Recursos Humanos, Esperanza Nieto (PP), "al igual que nosotros, conoce esta ilegalidad. Así se la han reconocido miembros de la Junta de Personal".
Ha continuado lamentando que uno de los grandes valedores de este engaño a los funcionarios, pagado por todos, sea "un bombero sindicalista que lleva 20 años sin vestirse como tal pero que cobra sus horas extras como el que más". La misma persona que "engrasó el 'tamayazo' del 15 de junio hasta esa misma mañana en el Ayuntamiento y que dedica sus horas a perseguir a Diego Conesa en sus reuniones con afiliados en Cartagena para defender las bondades de un pacto que traiciona a todos menos a su bolsillo".
Posteriormente, el dirigente cartagenerista ha precisado que fue durante su ciclo en la Alcaldía (2015 2017) cuando "se sanearon las cuentas; cuando se aprobaron ofertas de empleo público; cuando comenzaron las consolidaciones; cuando se contrató un estudio de RPT municipal o se renovó íntegramente la flota de vehículos de la Policía Local".
Por lo expuesto, ha aclarado que "lecciones de mejora de las condiciones de trabajo no admitimos, porque la mejora con nosotros fue absoluta". "El PP", ha añadido, "nos instaló en el sistema de horas RED, en contratos de dedo y en empleo precario". "Por su parte, el PSOE ha retrasado (y retrasa) las oposiciones, impidiéndonos incorporar a los 30 policías (más tasa de reposición) que aprobamos en 2016. Así que su negligencia crea, además, problemas de seguridad".
López ha proseguido su intervención denunciando que el acuerdo aludido "no cuenta con informe presupuestario, por lo que desconocemos si se puede pagar. Además, se ha tramitado por órgano incompetente, porque correspondería hacerlo por Pleno y no se ha hecho".
Para finalizar, ha desvelado algunos de los irresponsables 'regalos' de Castejón. "En un ayuntamiento con escasez de personal, se premia la retirada a los 59 años de varios policías y algún otro funcionario con un bonus de 40.000 euros. Es decir, algo tan delirante como reconocer que te necesito pero te pago para que te vayas. Otra más. A los policías se les gratifica con 20 euros al día por patrullar en moto, obviando la alcaldesa que se trata de una aptitud ligada al servicio ordinario, es decir, que ya va en el sueldo".
Isabel García: "Un procedimiento irregular"
Tras López ha tomado la palabra Isabel García para reseñar que el Gobierno socialista se saltó la aprobación por "Pleno municipal, el único órgano que tiene encomendada la potestad reglamentaria en los municipios. A ellos les valió hacerlo solo por Junta de Gobierno, despreciando así la jurisprudencia. Y lo hicieron sin informe de valoración de sus repercusiones y efectos económicos, ni cumpliendo los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera".
En este contexto, ha recordado que MC registró ayer un escrito solicitando este informe, en el que se valore además "la repercusión del acuerdo tanto en los presupuestos de 2019 como en el resto de años de su vigencia".
Acto seguido ha significado que el expediente de la Junta de Gobierno contenía el informe del interventor que advertía "del incremento en un 11% en las 'ayudas sociales'; la consideración del complemento de productividad fijo ligándolo al puesto hasta convertirlo en una retribución fija más, o el asunto de las ayudas por jubilación anticipada".
En este último aspecto, Isabel García ha precisado que "el interventor vuelve a advertir que aparecen en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo, cuando conforme a la jurisprudencia solo son asumibles en un Plan de Ordenación de los Recursos Humanos". Para salvar esta circunstancia, poco después, el 22 de mayo, otra vez en Junta de Gobierno, "el PSOE aprueba la inclusión de las ayudas por jubilación anticipada en el plan de ordenación de recursos humanos del Ayuntamiento. Prisas para intentar ocultar su grosera incompetencia".
La edil de MC ha dado por finalizada su intervención preguntándose los porqués del proceder socialista al negarse a emplear ese dinero en "contratar personal de las bolsas de trabajo que permitieran ofrecer un servicio adecuado a los ciudadanos, que para eso pagan sus impuestos".
Jesús Giménez: "Tendremos que saber quiénes son los responsables"
Por su parte, el portavoz adjunto de MC Cartagena, Jesús Giménez, ha puesto en evidencia que "la competencia es del Pleno, porque la Ley de Grandes Ciudades no da esa competencia a la Junta de Gobierno Local y porque la Ley reguladora de Bases de Régimen Local así lo dice", por lo que se solicita a la Secretaría General del Pleno que se pronuncie sobre la competencia.
El edil ha explicado que la actuación de Castejón evita "que los grupos municipales participen en la negociación; el conocimiento público, resta garantías legales y se ha sustraído el informe económico".
También se solicita a la Secretaría General del Pleno que "informe sobre si hay que tramitar la nulidad sobre el acuerdo de la Junta de Gobierno Local o si, por el contrario, se puede producir algún tipo de subsanación por parte del Pleno".
"Este acuerdo está produciendo efectos desde el 1 de enero de 2019, por lo que tendremos que saber quiénes son los responsables, tanto los técnicos como los políticos", ha adelantado el concejal cartagenerista, quien ha concluido explicando que "por eso, se ha solicitado además del informe económico, este informe jurídico a la Secretaría General del Pleno".
