MC Cartagena presentará una moción al Pleno municipal del próximo 10 de mayo para que se inste a la alcaldesa a que, en cumplimiento de sus funciones y como responsable, impulse los expedientes de compatibilidad del director de la Asesoría Jurídica y del director de Empleo Público, Nuevas Tecnologías e Innovación.
La moción recoge que "en el caso del director de la Asesoría Jurídica se le inste a que opte entre su actividad pública y privada, requiriéndole, en cualquier caso, la devolución de los 210.083,12 euros que, salvo error u omisión, ha podido recibir en exceso de complemento específico". Sobre el director de Empleo Público, Nuevas Tecnologías e Innovación se solicita que lleve a cabo los trámites que procedan para su regularización, incluida la económica en su caso.
Asimismo, se demanda que "se dé traslado del expediente completo a la Fiscalía de Área de Cartagena por si la ocultación continuada de su actividad laboral en el sector privado por parte del director de la Asesoría Jurídica y, en particular, sus declaraciones afirmando que su actividad corresponde a la universidad pública, fueran constitutiva de delito".
La edil de la formación cartagenerista, María José Soler, ha recordado que "ya el pasado mes de enero, nuestro Grupo solicitó a la Secretaría General del Pleno que informara sobre la actividad laboral fuera del Ayuntamiento del director de la Asesoría Jurídica y del director de Empleo Público, Nuevas Tecnologías e Innovación, para aclarar si sus actividades externas se consideran ajustadas a la legalidad". Asimismo, "nos interesamos en conocer si está vigente la compatibilidad reconocida a ambos hace años como funcionarios, no como órgano directivo, para la docencia en universidades públicas".
Soler ha añadido que "tras requerir esta documentación, se ha comprobado que ambos han desempeñado una actividad docente fuera del Ayuntamiento; en el caso del director de Empleo Público, Nuevas Tecnologías e Innovación en la universidad pública y, eventualmente, en un centro privado; mientras que el director de la Asesoría Jurídica la ha mantenido, en todo momento, en un centro privado, con el que además mantiene un contrato indefinido a tiempo parcial".
En concreto, ha explicado que "las conclusiones recogen que el director de Empleo Público, Nuevas Tecnologías e Innovación ha incumplido las normas de compatibilidad por no solicitar ésta al Pleno desde que fuera nombrado como tal el pasado 14 de septiembre de 2018, aunque es posible concedérsela por tratarse de un centro público siempre que cumpla los límites salariales, lo informe favorablemente el rector y lo apruebe el Pleno".
Igualmente, se especifica que "el director de la Asesoría Jurídica incumple las normas de compatibilidad desde, al menos, el 14 de abril de 2014, cuando fue nombrado para el cargo que ostenta, y que presta servicios laborales a una mercantil y no a un centro universitario público, como reafirmó al ser requerido en marzo de 2016. Además, afirma que por su cuantioso salario está incurso en causa de incompatibilidad retributiva". En este sentido, el límite máximo de complemento específico tendría que ser 353,12 euros, mientras que actualmente percibe 3.196,69 euros.
Respecto al director de la Asesoría Jurídica, los datos indican que podría haber percibido 2.659,28 euros mensuales de más desde mayo de 2014, lo que supone, salvo error u omisión, 210.083,12 euros, teniendo en cuenta que se perciben 14 pagas anuales. Cabe recordar que, en marzo de 2016, se le solicitó aclaración y no la hizo, declaración que "entendemos podría ser incluso constitutiva de delito aunque no nos corresponde tipificarla", ha reseñado María José Soler.
