Promesas que caen en saco roto una y otra vez. Hace casi un año que el Gobierno de España anunció la apertura de un segundo juzgado de Familia en Cartagena. Desde entonces, las gestiones de la Administración central han sufrido una demora tras otra. El último compromiso del Ministerio de Justicia fechaba en el pasado septiembre la apertura de esta imprescindible nueva sede judicial. Pero la dilación en la contratación de las obras en un bajo en la calle Carlos III, cercano al Registro Civil, retrasan su apertura hasta como mínimo finales de diciembre, según informa el decano del Colegio de Abogados de Cartagena, Antonio Navarro Selfa.
El Ejecutivo central, ahora en manos del PSOE y bajo la batuta del PP cuando proyectó el nuevo tribunal, prevé el traslado del Juzgado de lo Social número 3 al local aún por remodelar en Carlos III y, en el hueco que deja este último en el Palacio de Justicia, la ubicación del tan necesario segundo de Familia.
Los cartageneros sufren más de un año de retraso en la resolución de demandas sobre una jurisdicción tan sensible y cercana al ciudadano como la de Familia. Los expedientes sobre divorcios, régimen de visitas de menores y, lo que es peor, decretos de incapacidad de dependientes eternizan su resolución hasta incluso el fallecimiento del enfermo en estos últimos casos. Fuentes judiciales aseguran que surgen hasta quinientos casos al año en Cartagena relacionados con personas con discapacidad. Un número insostenible para un solo juzgado de Familia. Circunstancia que ha llevado incluso al Colegio de Abogados a la presentación de una queja formal ante el Defensor del Pueblo por una situación que los letrados calificaron como "grave".
El candidato a alcalde y secretario general del Partido Cantonal, Celestino García Alfaro, califica este enésimo aplazamiento en el segundo juzgado de Familia como "desidia" de la Gerencia del Ministerio de Justicia en la Región hacia Cartagena. "Da igual que gobierne PP o PSOE. El acondicionamiento de este bajo diáfano en la calle Carlos III cuesta muy pocos euros. En este caso, el dinero no es el problema sino el interés y la diligencia hacia personas que precisan de las sentencias de esta institución para mejorar sus vidas", denuncia el máximo responsable del PCAN.
