- "Es un fenómeno complejo contra el cual no estamos preparados; tenemos una ordenanza de limpieza viaria de 1987 que dice que las faltas graves están sancionadas con cien mil pesetas, es algo delirante", sostiene el portavoz local de Cs, Manuel Padín
- Cs propone un plan integral que incluye actualizar y crear ordenanzas, mejorar la comunicación con la Fiscalía del área de Cartagena y con la Administración regional, intensificar la vigilancia policial, incrementar las brigadas, realizar campañas de concienciación, y reforzar los puntos limpios del municipio
Cartagena, miércoles 19 de septiembre-. El Grupo Municipal de Ciudadanos en Cartagena ya tiene preparado un plan de choque específico contra los solares urbanos de propiedad privada abandonados que presentará en el próximo Pleno municipal, y ahora ha anunciado otro, para combatir las escombrera y los vertidos ilegales en las zonas públicas del municipio. La formación naranja considera que los medios y recursos con los que cuenta la Administración local para recoger todo tipo de residuos y vertidos en el término municipal son insuficientes para combatir la proliferación de escombreras y vertidos ilegales que afectan gravemente al medio ambiente y a la imagen de Cartagena. Por ello, el portavoz naranja ha anunciado que pedirá en el próximo Pleno que el Gobierno potencie los procedimientos, que dote y reclame los medios económicos y personales necesarios para acortar los plazos de retirada de vertidos ilegales en solares urbanos y periféricos, caminos rurales, cunetas, ramblas, y otros espacios naturales del municipio y la mejora de la coordinación con entes públicos regionales y estatales. El objetivo de la formación naranja es restaurar los espacios invadidos y restituir el orden medioambiental y paisajístico.
Tal y como informan diariamente los medios de comunicación locales, los improvisados vertederos y los episodios de vertidos, lejos de desaparecer, proliferan, "mobiliario doméstico, electrodomésticos, piezas de vehículos y escombros de obra son los más frecuentes; algunos son especialmente contaminantes llegando a filtrarse, en ocasiones, sustancias peligrosas a las ramblas que desembocan en el Mar Menor".
Ciudadanos sostiene que ni siquiera existe a nivel municipal una estrategia uniforme para la recogida de escombros de obra menor, por lo que es preciso también incrementar las campañas de información a los cartageneros para que sepan que deben trasladar sus residuos a los puntos limpios y las consecuencias medioambientales y disciplinarias de no hacerlo.
"Muchas de estas infracciones son detectadas in situ por nuestra Policía Local o por la Guardia Civil, pero somos conscientes de que se trata de un fenómeno complejo que difícilmente podemos controlar con los medios actuales sobre una superficie de más de 558 kilómetros cuadrados", señala Manuel Padín que incide en que existen muchos procedimientos según la propiedad y la ubicación de la infracción, "cuando se trata de un terreno privado se inicia en Urbanismo la búsqueda del propietario como responsable subsidiario (lo que puede llegar a demorarse un año), cuando es una parcela de titularidad regional o estatal se traslada el requerimiento al correspondiente organismo, y si es del Ayuntamiento, antes hay que determinar la contratación municipal que le corresponde".
Primera fase del Plan de Choque
Por todo lo expuesto, Ciudadanos pedirá que se lleve a cabo, primero, un análisis de los puntos negros del municipio que permita trabajar sobre un diagnóstico preciso y que constituya el punto de partida para un plan integral contra los vertederos ilegales y los vertidos. Además, solicitará aplicar una campaña anual de prevención y concienciación (vital además para evitar gasto público), extremar la vigilancia policial con oleadas intensivas, actualizar la ordenanza de limpieza viaria que data de 1987, crear una específica para los solares urbanos, e impulsar la de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición acordada en el Pleno en junio de 2017 que incluya la exigencia en las licencias de obras y en la declaraciones responsables de un aval que se devolverá cuando se acredite que los escombros se han retirado de forma correcta; también Cs solicita aumentar significativamente las sanciones (en la actual ordenanza sólo se impone una multa de cien mil pesetas, es decir, sólo 600 euros) y que se considere el abandono de residuos en escombreras ilegales como una infracción muy grave; algo que incluye el plan de choque contra los solares privados".
Manuel Padín sostiene que "se trata de un problema difícil que tiene lugar en toda España, y debemos tomar medidas en cuatro aspectos: el ejecutivo, con un plan de limpieza en las principales escombreras, con especial atención a aquellas que contengan amianto, el normativo, con la creación de ordenanzas y leyes que intensifiquen los castigos, el divulgativo, con campañas de difusión en contra de los vertidos y las alternativas, y el disciplinario, con medidas sancionadoras ejemplarizantes".
La formación naranja también se va a interesar por el grado de ejecución del acuerdo plenario de junio de 2017 mediante el cual se ordenaba iniciar los trámites para la elaboración de la Ordenanza de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición, "recordamos que durante la sesión plenaria de junio de 2017 se aseguró por parte del portavoz del Grupo Popular, Francisco Espejo, que existía un modelo de ordenanza realizada por la Comunidad a la que de una manera relativamente sencilla nuestro Consistorio podría adherirse y aplicar, pero ha pasado más de un año sin que lo haga; algo no encaja", advierte Manuel Padín.
La Comunidad se limpia las manos y mira hacia otro lado
Para la formación naranja, la Fiscalía de Área de Cartagena, la Confederación Hidrográfica del Segura, y la intervención de la Comunidad son imprescindibles para combatir esto, "si no optimizamos la coordinación de estos entes con la justicia a la que se deben enviar los casos de empresas reincidentes, y con las fuerzas y cuerpos de seguridad, será muy difícil que solos acabemos con esta auténtica lacra". "El papel de la Comunidad hasta ahora ha sido desentenderse de este problema, dejando toda la responsabilidad únicamente a los Ayuntamientos; no nos vale que nos digan que esto es competencia municipal porque hablamos de un consistorio infrafinanciado y lleno de competencias impropias", asegura Manuel Padín que asegura que otra línea de trabajo consiste en estudiar con sus compañeros en la Asamblea fórmulas de colaboración para que el Gobierno regional destine fondos a la lucha contra los vertidos ilegales y las escombreras, "haría bien la alcaldesa en reunirse con el consejero de Medio Ambiente y el delegado del Gobierno para buscar fórmulas de colaboración para esto".
