MC ha anunciado hoy que se reserva el derecho a ejercitar todas las acciones que procedan ante la violación reiterada de sus derechos fundamentales.
El anuncio de la formación cartagenerista llega después de que Ana Belén Castejón suspendiera arbitrariamente el Pleno y no permitiera que el portavoz de MC, José López, se incorporara tras el receso y pudiera ejercer su derecho de representar y dar voz a los ciudadanos que confiaron en el proyecto de MC para mejorar sus condiciones de vida.
Antes de que se imposibilitara a López a seguir con su labor, la viceportavoz, Isabel García, ha manifestado a la Corporación que, desde el mes de mayo, la formación cartagenerista padece "una persecución política", al objeto de impedir que desarrolle "su labor política de Gobierno y ahora de oposición".
García ha recordado que "hemos soportado denuncias falsas ya archivadas; agresiones físicas en la puerta del Pleno; se nos ha negado una sala donde recibir a los cartageneros y se nos ha retirado competencias porque incomodamos a las concesionarias, al PP y el PSOE".
"Hoy como se había anunciado en los medios, y todos sabíamos, la alcaldesa ha expulsado del Pleno a José López para impedir que se represente a los ciudadanos, y evitar el control y fiscalización de su Gobierno. Ello, a traición y con la complicidad de PP y C's, como es costumbre", ha indicado.
Ante ello, la viceportavoz ha invitado a Castejón a que "reintegre a José López en su lugar en este Pleno, cumpla el mandato institucional del artículo 23 de la Constitución, permitiendo a estos representantes públicos participar y defender los intereses de nuestros representados", añadiendo que "por citar algunos, se infringen los artículos 73 y concordantes de la Ley 7/1985, sobre el estatuto de los miembros de las corporaciones locales, 122 y 123 de la misma ley y los concordantes del Real Decreto 2568/1986".
Isabel García ha concluido su intervención anunciando que de no corregir Castejón su injustificable decisión "se estará vulnerando la Constitución y nos reservamos las acciones que procedan".
José López: "A pesar de la falta de libertad, no nos van callar; ni dentro ni fuera del Pleno"
José López ha comenzado disculpando la premura con la que se ha producido la comparecencia forzada por Ana Belén Castejón y el PSOE, "un partido que se dice de izquierdas y que prometió unas cosas durante la campaña electoral y a lo largo de los veinte años de no oposición al PP, pero que hemos comprobado que en cuanto han 'tocado' poder se sitúan en el mismo lugar que los populares, es decir, al amparo y de la mano de los intereses de las grandes concesionarias".
En este sentido, el portavoz de MC ha explicado que "hoy se ha vuelto a manifestar esa votación entre PP y PSOE en contra de la Comisión de Investigación de Lhicarsa, con sus palmeros de Ciudadanos haciéndole los giros para aparentar normalidad".
De igual forma, López ha lamentado que MC no haya podido continuar durante el Pleno con su labor habitual de defensa de los intereses de los cartageneros. Así, la formación debía presentar aún diferentes mociones de investigación "que vendrían a clarificar los asuntos de Hidrogea".
"Desde el mes de mayo venimos sufriendo la falta de libertad a la hora de trabajar", ha apuntado el líder de MC, quien ha señalado además que "no podemos consentir que nos silencien con ninguna treta. No nos van a callar, ni dentro ni fuera del Pleno".
El debate eludido por Castejón
Castejón y sus cómplices han sido víctimas de sus propios miedos al intentar frenar un debate que acabará produciéndose en sesión plenaria, salvo que la alcaldesa socialista institucionalice, más si cabe, su espíritu represor.
MC Cartagena volverá a defender el interés general y el bienestar de los cartageneros para conseguir que el proceso de revisión de la tarifa del agua sea reconducido por los cauces de la legalidad y el criterio técnico.
Para intentar conseguirlo, MC seguirá apelando a lo no permitido hoy, es decir, a la necesidad de que Ana Belén Castejón impulse la aplicación del estudio de costes municipal del servicio emitido por funcionarios para establecer una nueva tarifa, dando continuidad al trámite de oficio iniciado el 1 de junio de 2017 en Junta de Gobierno. Un proceso ajustado a la más estricta legalidad que ha sido obviado por la alcaldesa socialista tras la negociación de ésta con la concesionaria, cuyo acuerdo impuso el 29 de diciembre.
La formación cartagenerista expondrá la necesidad de instar a la Junta de Gobierno, previa tramitación legal por medio de los servicios municipales que procedan, a que apruebe en virtud de la potestad tarifaria de la administración, y al amparo de los razonamientos que obran en el expediente aprobado en Junta de Gobierno, una tarifa del agua con carácter transitorio.
Esta tarifa estaría vigente mientras no se resolviera la relación contractual por el recurso colectivo presentado en 2004 contra la ampliación del servicio del contrato del servicio municipal de aguas; la liquidación de los superávits; la aplicación de tarifas, posibles sobrecostes, etc.
Además, se hubiera ajustado a los estudios municipales de costes, permitiendo a los cartageneros pagar menos por el agua, con la certeza de no abonar sobrecostes como ha venido sucediendo al aplicar propuestas de la concesionaria.
MC promueve validar el gran trabajo realizado por técnicos municipales durante dos años, ciñendo la actuación a los trámites legales más garantistas y traduciéndolo en una sensible rebaja de la tarifa, alejada de las hábiles capacidades negociadoras de la Alcaldía que ponen en entredicho la legalidad y el beneficio de los ciudadanos.
El estudio de la gestión directa del servicio
Del mismo modo, durante el próximo Pleno, MC solicitará exhortar al Gobierno local a estudiar las fórmulas de gestión directa e indirecta, con prioridad a la primera, del servicio municipal de abastecimiento de agua. Ello, a pesar de lo que podría ser una inminente estimación de la nulidad de la prórroga acordada en el Pleno de 2003, que supuso una prórroga de 25 años de la concesión.
La más que probable estimación reflejaría un escenario ideal para estudiar y decidir qué forma de prestación del servicio es más favorable a los intereses de los vecinos. Podría traducirse en una gestión directa del servicio a través de los más cualificados funcionarios municipales, conocedores algunos de ellos de los pormenores del contrato y el servicio público desde hace más de treinta años.
El texto solicitará un impulso y agilización de las liquidaciones por superávit de años anteriores (al menos entre 2011 y 2017), la incorrecta aplicación de tarifas y sobrecostes en general, al objeto de precisar la cantidad económica que la concesionaria adeuda a los cartageneros.
