Ayer, el Grupo municipal MC Cartagena, representado por su portavoz, José López, expuso, durante la reunión extraordinaria de la Comisión del Agua celebrada ayer en el edificio administrativo de San Miguel, el posicionamiento de la formación cartagenerista y sus exigencias en relación a la defensa de los intereses de los ciudadanos y en contra de la trama del agua, circunstancia que ha venido mermando el bolsillo de los vecinos, además del menoscabo sometido en las arcas municipales.
Tras la reunión, López ha reseñado "la actitud dictatorial y oscura, a juego con la turbidez del contrato del agua, exhibida por la alcaldesa al expulsar de la Comisión a vecinos y asesores de los Grupos municipales, quienes habían asistido con normalidad durante mi mandato"
"Antes de empezar la reunión también expulsó a una concejal electa como Isabel García; supongo que por el complejo y desafío intelectual que para ella se produce ante personas capaces", ha precisado el secretario general de MC Cartagena.
"Tras esto, el técnico municipal, que no funcionario, al que Castejón ha promocionado de manera sospechosa del nivel 22 al 25, ofreció pobres explicaciones sobre la tarifa, sin ser capaz de concretar el beneficio de Hidrogea o la cantidad que ha dejado de amortizarse el 26 de diciembre de 2017. No obstante, sí presumió de haber influido en la propuesta de Hidrogea. Ya explicará en otros foros más apropiados la forma. La empresa no necesitó dar explicaciones, porque ya las ofreció Castejón por ella", ha relatado el edil.
El portavoz de MC Cartagena ha añadido que "esta alcaldesa se maneja como Pilar Barreiro y el PP en las revisiones de tarifa que investiga la trama Pokemon. Y actúa como firme valedora de Hidrogea. Como dije, no sé si por incapaz o por corrupta, o simplemente como salida laboral".
Solicitudes y ruegos de MC Cartagena
"Además de nuestras preguntas también planteamos una serie de ruegos que deben ser impulsados por la alcaldía socialista. Empezando por la restitución en sus puestos de trabajo de los funcionarios municipales que mejor conocen el contrato, y cuya labor se ha denostado u olvidado para aprobar una tarifa distinta a la que resultaría de los costes por ellos calculados", ha comenzado José López.
Seguidamente, el edil ha recordado que "solicitamos la resolución del contrato por haberse alterado los términos de éste sin efectuar modificaciones contractuales. En la actualidad, solo existe la de la mal llamada prórroga de 2003, que debería anularse también. Sin obviar que se ha podido alterar el contrato original en beneficio de los intereses de la concesionaria", argumentó el secretario general de MC Cartagena.
Del mismo modo, MC llamó la atención sobre la necesidad de "reclamar inmediatamente a la concesionaria el superávit recabado entre 2011 y 2017, así como los costes que excedan de los cálculos efectuados por los técnicos en el procedimiento de revisión de oficio de la tarifa. Esto podría suponer una diferencia de unos cinco millones de euros".
López instó, además, a "la resolución del contrato por incumplimiento de la concesionaria en labores de mantenimiento, posibles sobrecostes incluidos, y la obtención de un beneficio indebido que habrá de liquidarse".
Igualmente, MC Cartagena enumeró diversas solicitudes como "la apertura de los procedimientos que resulten necesarios para estos fines, siguiendo su curso hasta su efectiva resolución administrativa". También, "que no se vuelva a permitir la adjudicación directa de obras a la concesionaria y la subcontratación de ésta de prestaciones esenciales".
Por último, "reclamamos que, tanto el acta de la reunión, como la totalidad del expediente administrativo de la revisión de tarifas de 29 de diciembre, se remita a los tribunales de Lugo, junto con las realizadas bajo el gobierno del PP. Acabamos nuestra intervención requiriendo que en lo sucesivo no se produzca ninguna modificación, revisión o alteración del contrato de modo oscuro y poco transparente y, en particular, que se reúna la Comisión o la Mesa del Agua tantas veces sea necesario", concluyó López.
"Confiamos poco en que se vuelva a la legalidad, porque PP y PSOE, con la connivencia de C´s ya trabajan para la concesionaria. Pero eso no impedirá que sigamos fiscalizando y señalando para su sonrojo, y su futura condena a quienes corrompen los procedimientos para que pierdan los de siempre, los cartageneros", ha concluido el portavoz de MC Cartagena.
Una tramitación repleta de incógnitas
Durante la sesión, la formación cartagenerista se interesó por cuestiones básicas que no han sido aclaradas por la alcaldía socialista. Así, se cuestionó en qué fecha presentó la concesionaria su propuesta de tarifa y a qué servicio se remitió, así como el motivo por el que no se solicitó informe al jefe del departamento de Infraestructuras. Igualmente, se preguntó por el motivo que provocó que el expediente para la revisión de la tarifa no estuviera en la Oficina de Gobierno Municipal tras efectuarse la convocatoria de la Junta de Gobierno el día 28 del pasado mes.
Otras de las cuestiones planteadas se refieren a las dudas sobre la existencia de un expediente completo con la propuesta de Hidrogea, los informes, los hitos de la tramitación, la propuesta a Junta de Gobierno y los informes de Asesoría Jurídica e Intervención, y también sobre si esta revisión compromete la posibilidad de anular la prórroga administrativamente, reclamar los costes de 2012 a 2017 o resolver el contrato por incumplimientos de la concesionaria, resultando especialmente llamativa otra de las preguntas planteadas por MC al requerir las motivaciones para tramitar un expediente de 40 millones de euros en dos días, sin conocerse el resultado de la asistencia técnica sobre el servicio.
El gran número de incógnitas sin resolver también incluye conocer si ha existido modificación de la estructura tarifaria y si ello implica un cambio en el contrato o si se ha incluido la liquidación del superávit de 2011 a 2017 en la propuesta, o si ha sido incluida la liquidación por exceso de obras de 2009-2012 y, en caso afirmativo, si esa liquidación fue aprobada por el órgano competente.
Otros asuntos de gran calado que fueron planteados tienen que ver con la duda de si la propuesta aprobada por el PSOE ha contado con el estudio de costes realizado por los ingenieros municipales en cumplimiento del acuerdo de la Junta de Gobierno de 1 de junio de 2017 que iniciaba la revisión de oficio de la tarifa; si la revisión de la tarifa operada el 29 de diciembre de 2017 es una modificación de contrato encubierta; la retribución exacta que percibirá la concesionaria con esta tarifa, así como si se va a anular y retirar esta propuesta de Alcaldía o se esperará a que lo haga el Juzgado.
