Más de una veintena de alcaldes de la Región se han reunido esta tarde, a instancias de la primera edil de Cartagena, Ana Belén Castejón, con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, con el propósito de hacer llegar al Gobierno de la nación una serie de reivindicaciones que consideran vitales para garantizar el buen funcionamiento de las administraciones locales.
En concreto, los alcaldes que han asistido al encuentro son de Alcantarilla, Joaquín Buendía; Águilas, M.ª Carmen Moreno; Alguazas, Blas Ángel Ruipérez; Beniel, M.ª Carmen Morales; Blanca, Mª Esther Hortelano; Caravaca de la Cruz, José Moreno Medina; Ceutí, Juan Felipe Cano; Cieza, Pascual Lucas; Fuente Álamo, Antonio Jesús García Conesa; La Unión, Pedro López; Librilla, Mar Hernández Porras; Lorquí, Joaquín Hernández; Los Alcázares, Anastasio Bastida; Mazarrón, Alicia Jiménez; Mula, Jesús Moreno; Pliego, Pedro Noguera; San Javier, José Miguel Luengo; San Pedro del Pinatar, María Visitación Martínez; Torre Pacheco, Antonio León Garre, y Ulea, Víctor Manuel López, y los tenientes de alcalde de Murcia, María del Carmen Pelegrín, y Lorca, Francisco Félix Montiel.
Entre las peticiones que han trasladado destaca que el Gobierno central cumpla con el compromiso de revisar la regla de gasto a los ayuntamientos a través de un grupo de trabajo que debería haberse reunido durante el primer semestre del año.
Asimismo, han reclamado que se supriman las restricciones de endeudamiento, que impiden a los gobiernos locales efectuar operaciones de crédito. La alcaldesa de Cartagena ha recordado que el límite de deuda pública para 2016 fue del 3% del Producto Interior Bruto y que las entidades locales han cumplido sobradamente los objetivos fijados hasta 2020.
En este sentido Caballero explicó que “ayuntamientos como el de Cartagena, que han sido capaces de reducir su deuda en más de 56 millones de euros en sólo dos años deberían contar con el apoyo de la administración central para minimizar tensiones de tesorería coyunturales”.
Igualmente destacable es la petición de poder emplear el superávit obtenido por los ayuntamientos, y que hasta ahora estaba sujeto a la amortización de deuda, en materias tan importantes como la educación, el empleo, la cultura o el deporte. “Cartagena tuvo en el ejercicio 2016 un superávit de 15,5 millones de euros y el Estado nos obligó a destinar el 50% a amortizar deuda anticipadamente. Con los más de 7 millones de euros que hemos adelantado podríamos haber efectuado inversiones muy necesarias en nuestro municipio”, indicó Castejón.
La alcaldesa de Cartagena argumentó que podrían haberse invertido en “la construcción de 15 consultorios médicos, la rehabilitación de 70 viviendas sociales más, la adecuación de parques, la puesta en marcha de nuevas bibliotecas y escuelas infantiles o completar la red de campos de fútbol de césped artificial”.
Otra de las solicitudes de los alcaldes de la Región es que el Estado permita a los ayuntamientos cubrir el 100% de la tasa de reposición, de forma que en los próximos años se recuperen los cerca de 100.000 puestos que se han perdido en las administraciones locales de todo el territorio español.
Del mismo modo han recordado la sentencia del Tribunal Constitucional que obliga a los ayuntamientos a devolver las plusvalías cobradas en las operaciones de venta en las que los propietarios no han obtenido beneficio alguno. Se trata de la aplicación de una norma que emanaba directamente del Gobierno del Estado y los alcaldes consideran que no es justo que sean las administraciones locales las que se hagan cargo de esos pagos.
“La sentencia del TC está ocasionando un escenario de inseguridad jurídica en los ayuntamientos. Al tratarse de una norma estatal que aplicamos en los municipios necesitamos urgentemente que el Gobierno de España aborde una reforma integral del impuesto que adecue el tributo a la evolución real del mercado inmobiliario y que tenga en cuenta la capacidad económica del contribuyente. De esta forma, los ayuntamientos podríamos solventar las reclamaciones que se están produciendo como consecuencia de esta sentencia”, manifestó el presidente de la FEMP, Abel Caballero.
Por su parte, el presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM), Joaquín Hernández, hizo hincapié en la principal reivindicación de la entidad que representa, y es una ley de financiación local, "estamos dejando de recibir dinero en los ayuntamientos por la ausencia de diputación provincial en esta Comunidad Autónoma, y es lo que vamos a reclamar, financiación por parte de la Comunidad, porque es nuestro derecho".
