El alcalde, José López, junto a los decanos de los colegios de Abogados y de Procuradores de Cartagena, José Muelas y Milagrosa González, respectivamente, han comparecido hoy miércoles ante los medios de comunicación para mostrar su preocupación ante la decisión del Ministerio de Justicia de crear juzgados uniprovinciales para resolver los procedimientos de las cláusulas suelo y préstamos hipotecarios.
Esto, en nuestra Comunidad Autónoma, supondrá que, a partir del día 1 de junio, habrá un juzgado único con sede en la ciudad de Murcia al que los ciudadanos tendrán que acudir para litigar en este sentido, con el gasto adicional que esto supone. Según señalaba el alcalde, "se está centralizando en una ciudad el solucionar los problemas de toda la región, dificultando el acceso a todos aquellos que tienen que reclamar ya que les obligan a desplazarse si no viven en la capital".
Para la decana de los Procuradores, "no es necesario que un solo juzgado se haga cargo de las reclamaciones hipotecarias y relacionadas con cláusulas suelo de la Región, estimadas en unos 45.000 pleitos al año, sino que sería mucho más eficaz si se reparte el trabajo entre los 54 juzgados que hay en nuestra Comunidad Autónoma. Lo que pretendemos es obtener el apoyo de la corporación municipal y de todas las instituciones públicas y privadas de la Región de Murcia, con los que se están manteniendo reuniones", aseguraba Milagrosa González.
Por su parte, José Muelas concretaba con datos estimativos cómo afectaría esta medida a la ciudad de Cartagena, donde el número de hipotecas conflictivas sería de unas 6.400 al año, esto son muchos juicios. Si un juzgado de primera instancia puede llegar a sacar, con mucho esfuerzo, unos 1.000 asuntos al año, cuánto tardará ese juzgado uniprovincial en sacar los 45.000 previstos en toda la Región, se preguntaba el decano de los Abogados cartageneros, quien a la vez daba una opción, si se reparte entre los 54 juzgados que hay, llevarían unos 800 cada uno, algo mucho más factible.
Para finalizar, Muelas incidía también en un dato importante, y es que "las dos terceras partes de la población española no viven en capital de provincia, por lo tanto se les está imponiendo un peaje que no todo el mundo estará dispuesto a pagar, los gastos de desplazamiento, lo cual hará que muchas reclamaciones se caigan".
De momento se ha elaborado un documento, que han firmado los Colegios de Abogados y Procuradores de Lorca y Cartagena con la idea de que los decanos de toda España se pronuncien y elevarlo al Ministerio, con el objetivo parar esto antes del 1 de junio.
El alcalde, José López, una vez recabe los datos concretos que se han comprometido a aportar los decanos, preparará una moción al pleno para el apoyo de la reivindicación de los profesionales que, en principio, no solicitan más unidades, sino el reparto entre todas las existentes para evitar la centralización y el encapsulamiento del problema, que perjudica a los más necesitados y beneficia como siempre a los bancos.
