Tras cinco reuniones, desde que se aprobara en diciembre por la Junta de Gobierno la propuesta de trabajo sobre la nueva ordenanza de venta ambulante en el municipio de Cartagena, esta mañana el Equipo de Gobierno ha alcanzado un acuerdo con las asociaciones de vendedores ambulantes, comerciantes y grupos municipales.La vicealcaldesa y concejala del área de Estrategia Económica, Empleo, Innovación, Empresa y Comercio, Ana Belén Castejón, ha destacado el consenso conseguido que se ha materializado en un primer borrador que en breve iniciará los trámites necesarios para su aprobación.Castejón ha señalado que se ha tardado un poco más, pero lo importante es que ha habido participación de todos los sectores implicados y que el resultado es satisfactorio para todos.Entre otras cuestiones y aunque la intención del Ayuntamiento no fue en ningún momento abrir la puerta a la privatización de los mercadillos, el nuevo texto de la ordenanza ha recogido de forma expresa el carácter público de los mimos.
También se ha incluido por parte de la concejalía de Hacienda una reducción por domiciliación del 2 por ciento en la tasa de los vendedores.
Igualmente se contempla la posibilidad de ampliar las dimensiones de los puestos en los cambios de ubicación o reordenación de mercados, cuando ello sea viable.
El texto hace además referencia a los procedimientos de transmisión y subrogación, tanto a familiares como a personas que tuvieran relación laboral con el titular del puesto en el caso de la transmisión.
Por otro lado se han establecido criterios más claros para las adjudicaciones y mejora de puesto, además de una serie de cuestiones en las que el Ayuntamiento debe empezar a trabajar como son el remarcado de los puestos, la mejora de la inspección municipal, la puesta en marcha de la junta local de venta ambulante y la creación del registro de venta ambulante entre otras.El borrador deberá ser aprobado como proyecto de ordenanza en una próxima Junta de Gobierno, tras la que pasará a comisión informativa y pleno, para su aprobación inicial. Posteriormente se abrirá un proceso de información pública para recoger alegaciones y sugerencias, que deberán ser resueltas antes de la aprobación definitiva en pleno.
