El Partido Popular ha votado en contra en la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la elaboración de un Proyecto de Ley de Mediación Familiar, una petición que había realizado el Grupo Parlamentario Socialista, para dar respuesta a las diferentes y numerosas clases de familia que hay en la actualidad y para resolver posibles conflictos sin tener que acudir a la vía judicial y hacerlo mediante la figura de la mediación.
Esta moción fue presentada en febrero de 2012 y no se ha debatido hasta marzo de 2015. "El Partido Popular dice que la va a presentar, pero quedan tres semanas para que termine la legislatura y no habrá tiempo para tramitarla y debatirla".
La responsable de Política Social, Teresa Rosique, señaló que el Plan de Promoción de la Familia 2006-2008 aprobado por el Gobierno regional establecía entre sus líneas estratégicas "apoyar y prevenir por medio de distintas medidas y acciones las consecuencias de las situaciones de crisis familiar, desarrollando una cultura de resolución de conflictos que impulsen actitudes positivas y acuerdos, y ordene poco a poco las relaciones pacificándolas y resolviendo los conflictos intrafamiliares".
En dicho Plan se recoge como primera medida la elaboración y aprobación de una "Ley de Mediación Familiar de la Comunidad Autónoma de Murcia", ley que cuatro años más tarde sigue sin aprobarse, a pesar del compromiso establecido y de la petición que los grupos parlamentarios en la Asamblea Regional realizaron a través de la aprobación de una moción en marzo de 2009.
La diputada socialista reprochó que el Gobierno regional está utilizando al Grupo Parlamentario Popular para canalizar todos los proyectos de ley que se han presentado como proposiciones de ley, como ha ocurrido con leyes de tando calado como la del Suelo o la de prevención y protección del Medio Ambiente. "Por eso, no podemos entender que con la de Mediación Familiar no haya hecho lo mismo para agilizarla, dada su importancia".
Residencia de Fuente Cubas
Otra moción socialista debatida esta mañana y que también ha sido rechazada con la mayoría del Partido Popular ha sido la que pedía la reapertura de la Residencia de Personas Mayores de Fuente Cubas en Cartagena y mantener el carácter público de la misma. "Fuente de Cubas es la única residencia de carácter público de Cartagena, todas las demás son concertadas".
Teresa Rosique explicó que la residencia se cerró en 2005 para su remodelación, una obra que acabó en 2010. Desde entonces hasta hoy esta residencia permanece cerrada, a pesar de ser muy necesaria para cubrir las necesidades del municipio en esta materia. Por otra parte, el Gobierno Regional ha aprobado sacar a contratación la gestión de la misma.
"Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos totalmente injustificada la privatización de la gestión de una residencia pública, cuya remodelación ha costado tanto dinero público y cuando la financiación de las plazas a cubrir corresponde a la hacienda pública, tal y como recogen los Presupuestos regionales para 2015 con una consignación de 1'2 millones de euros para ello".
La remodelación de esta residencia ha supuesto a las arcas públicas 7 millones de euros de dinero público (5,7 millones euros) y casi un millón en equiparla. Agregó que a eso hay que añadir el precio de las plazas que va a concertar, dinero público y copago de los usuarios.
A los siete millones hay que sumar el precio del contrato para su gestión, que es de 14 millones de euros; de ellos, se han fijado 6,4 millones para los cuatro primeros años (mediados de 2015 a mediados de 2019), pero recoge la posibilidad de modificarlo y ampliar el plazo de ejecución de dicho contrato, con lo que de los 6,4 millones iniciales se va a cerca de 14 millones.
"Desde el PSOE no hay justificación para que esta residencia sea privatizada. Este es un paso más del PP hacia la privatización de los servicios sociales, es decir, a convertir en negocio la política social".
El precio de la plaza de residencia está en cerca de 1.300 euros, plaza/mes, y lo que tendrán que abonar los usuarios será algo más de 400 euros de copago por cada una de las plazas. El Grupo Parlamentario Socialista exigía la apertura de esta residencia con carácter público sin que se privatice, "porque se ha invertido mucho dinero público en su rehabilitación y ahora no es de recibo ponerla en manos privadas".
061
Por último, el diputado socialista, Francisco Abellán, también ha defendido una moción en la que reclamaba el mantenimiento del servicio de emergencia y atención sanitaria 061 en los municipios de Jumilla y Yecla durante los meses de verano. "Estos municipios no pueden quedarse sin este servicio para dar cobertura a las necesidades de la costa", concluyó.