Pilar Barreiro quiere acabar su mandato tal y como lo empezó, privatizando servicios municipales. En esta ocasión hasta 9 instalaciones deportivas de Cartagena serán privatizadas en las próximas semanas. Concretamente se privatiza la "Prestación del Servicio de Limpieza, Asistencia de Actividades, Apertura, Cierre y Vigilancia de estas instalaciones.
El pasado 29/10/2014 el Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Cartagena saco a concurso el expediente SEL2014/2 distribuido en 6 Lotes por el que se privatizan estos servicios por un importe de 280.000 euros. La privatización afecta a las siguientes instalaciones deportivas:
Pabellón Deportivo del Albujón
Pabellón y Pista de Pádel de la Palma
Importe: 56.000 euros.
Polideportivo de Pozo Estrecho
Importe: 56.000 euros.
Piscina, Pista de Pádel y Patio de la Aljorra
Importe: 28.000 euros.
Pabellones Jiménez de la Espada y Molinos Marfagones
Importe: 56.000 euros.
Pabellón Cabezo Beaza
Importe: 28.000 euros.
Pabellón San Antón y Pista de Atletismo
Importe: 56.000 euros.
El período de vigencia de estos contratos se establece por 1 año prorrogable por año más.
Las empresas adjudicatarias serán las encargadas de contratar el personal necesario para todos los servicios privatizados. Los pliegos establecen que "todo el personal que utilice la empresa adjudicataria para la prestación de los servicios objeto de este contrato tendrá dependencia laboral de la misma, sin que el Ayuntamiento tenga relación jurídica, laboral, ni de otra índole con el personal de la empresa"
Con esta medida el Ayuntamiento de facto pierde el control sobre los servicios que se prestan en las instalaciones deportivas municipales, porque si bien todo está supervisado por el Ayuntamiento lo cierto es que si se producen conflictos laborales entre las empresas adjudicatarias y sus empleados se generarán problemas en la calidad de los servicios.
Asimismo desde SPCT, alertamos de que los contratos de privatización salen en un mismo expediente de contratación, por lo que se puede dar una situación de monopolio o cuando menos de oligopolio en la gestión de las instalaciones municipales, lo que en la práctica puede suponer que ante problemas con los adjudicatarios (o el adjudicatario en caso que todo sea adjudicado a una empresa) el Ayuntamiento no tenga fuerza suficiente como para obligar a la empresa, y que se produzcan como es bastante habitual en estos casos, mejoras en los contratos, es decir sobrecoste, para cubrir los problemas que puedan tener las empresas.
Por último SPCT piensa que con esta política de privatización el Gobierno de Barreiro hace una apuesta clara por el empleo precario en instalaciones municipales puesto que el personal contratado, lo estará en peores condiciones que si se hiciera directamente por el Ayuntamiento.