El Gobierno municipal de Cartagena, encabezado por su alcalde, José López, anuncia que va a enviar un escrito a la consejería de Sanidad, denunciando ante su titular, Encarna Guillén, el incumplimiento normativo por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), con respecto a la participación de las corporaciones locales en el Consejo de Dirección del Ãrea de Salud, ya que los ayuntamientos pertenecientes al Ãrea II, Cartagena, La Unión, Fuente Ãlamo y Mazarrón, no tienen representación allí ya que ni siquiera ha sido creado.
Se incumple la Ley 14/1986 General de Sanidad, Capítulo III, artículo 56, donde reza que Las Ãreas de Salud serán dirigidas por un órgano propio, donde deberán participar las Corporaciones Locales en ellas situadas .... Y también la Ley 4/94 de Salud de la Región de Murcia, Título III, artículo 14, donde se habla de cuatro representantes de los ayuntamientos del territorio del Ãrea de Salud.
Según José López, queremos reivindicar no sólo la presencia del Ayuntamiento de Cartagena en el Consejo de Dirección, lo que nos corresponde por derecho, sino la de nuestros municipios vecinos de la Comarca, puesto que el Gobierno regional jamás nos ha tenido en cuenta. Ésta es una muestra más del maltrato sanitario al que nos someten desde Murcia, ya que no nos dejan ni opinar ante la toma de decisiones.
Igualmente, el Gobierno municipal denuncia que no se da la participación democrática ciudadana en el Consejo de Salud de Ãrea, como establece la normativa básica estatal Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad y la regional, Ley 4/94 de Sanidad de la Región de Murcia.
Al respecto, López añade que, al no existir el Consejo de Dirección del Ãrea ni el Consejo de Salud del Ãrea, la figura del Gerente toma decisiones sin el respaldo, el aval o las garantías de que son admitidas y consensuadas de forma democrática. Por lo tanto, las decisiones no son conocidas previamente por los ayuntamientos de la Comarca de Cartagena, ni por los colectivos sociales y vecinales a los que afectan.
Así pues, el Consistorio de Cartagena reclama la participación de los ayuntamientos y de la sociedad civil, así como el cumplimiento de las leyes en favor de una participación real y efectiva en la toma de decisiones, cuestión hasta ahora vetada por la CARM.