Los estudios que se conocen sobre las parcelas situadas en las antiguas instalaciones de la Española del Zinc presentan un almacenamiento de residuos peligrosos depositados sin control.
Las áreas altamente contaminadas presentan fibrocementos, óxidos de zinc, espumas de poliuretano, etc, lo que supone a juicio de la Fiscalía un grave problema medioambiental, que en el caso de una de las áreas, la 5 lo es también de salud pública.
Como quiera que está situación ha sido consecuencia de la irresponsabilidad de los responsables de la empresa, y que el proceso de descontaminación se antoja altamente complicado por el galimatías judicial en el que se haya la empresa responsable, desde SPCT consideramos que la administración pública no puede mantenerse como mero espectador mientras nos dicen que hay riesgo para la salud de los cartageneros.
Así desde nuestra formación política pensamos que el equipo de Gobierno del PP con la Sra. Barreiro al frente debe emprender al menos dos acciones contundentes.
En primer lugar debe demandar a los responsables de este disparate por delito medioambiental y contra la salud de las personas, y lo debe hacer para salvaguardar los intereses de nuestro municipio.
Por otra parte, debe emprender las acciones políticas y administrativas que sean necesarias para que sea la administración pública con fondos del Estado y de la Unión Europea la que se encargue de descontaminar los terrenos y devolverlos al municipio sin peligro para la salud de las personas.
Desde SPCT somos conscientes de que este proceso es costoso, pero de no adoptar medidas la administración pública, quedaran los terrenos sin descontaminar durante mucho tiempo, empeorando la situación medioambiental de la zona y prolongando el riesgo para los ciudadanos de Cartagena.
La Sra. Barreiro presente en el Congreso de los Diputados, debe exigir un plan especial de descontaminación para los terrenos de la Española del Zinc al Gobierno de España, similar al que se pretende llevar a cabo en la Bahía de Portman, que también fue causado por la irresponsabilidad de una empresa privada, y que décadas después siguen sufriendo los vecinos por la pasividad de los gobiernos de turno.
