No se trata de una bajada, sino de la actualización por la amortización de obras que se han pagado hasta el 26 de diciembre
En la mañana de hoy, los concejales pertenecientes al grupo municipal MC Cartagena, Ricardo Segado, Francisco Calderón y María José Soler, miembros de la Junta de Gobierno Local, han manifestado su voto en contra de la propuesta presentada bajo el epígrafe "Tarifas para el próximo ejercicio económico de la concesión administrativa de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento del municipio de Cartagena".
Las razones expuestas son las siguientes:
Se ha introducido el punto en el orden del día de la convocatoria sin existir la propuesta de Alcaldía, por cuanto así se ha comprobado por María José Soler cuando acudió a solicitarla a la Oficina de Gobierno Municipal tras recibir la convocatoria y se le informó en ese sentido, ofeciéndole únicamente sobre las 14.30 una copia de tres informes de la denominada "comisión técnica", sobre cuyas funciones y legalidad ya manifestamos nuestras dudas en anteriores Juntas, y que no suplen la preceptiva propuesta ni al expediente administrativo.
La convocatoria se efectuó sin la propuesta de Alcaldía y sin los informes de Asesoría Jurídica e Intervención Municipal, que deben evacuarse tras el estudio de la inexistente propuesta.
Tampoco parece existir un expediente de estos trámites, sin que conste a estos miembros de la Junta el número de éste, ni la propuesta de la concesionaria ni el trámite de ésta.
La propuesta de Alcaldía que se nos muestra esta mañana carece de rúbrica o visado de empleado público.
La aparente violación del procedimiento y la arbitrariedad que supone no respetar el trabajo de los técnicos municipales, de los que se llegan a incluir informes evacuados para otros trámites, no puede ser aceptada por nosotros.
Nos genera dudas sobre la libertad de criterio con que hayan podido trabajar los técnicos que informan la propuesta y la premura que se les ha exigido para ello.
No estamos seguros de que el responsable del contrato, quien no es funcionario, y a quien se le ha subido el sueldo y reconocido una mayor capacitación este mes por órdenes de Alcaldía, puede legalmente emitir estos informes y ser el responsable del contrato.
Se aportan dos informes de otros empleados municipales, a los que no consta se les haya solicitado su ratificación ni aceptación en cuanto a su relación e idoneidad para resolver la aparentemente nueva propuesta de la concesionaria y una tramitación que desconocemos.
Existe un acuerdo de Junta de Gobierno de 1 de junio de 2017, en que esta Junta acuerda "Iniciar de oficio el procedimiento de revisión de la tarifa de agua potable, la tasa por la autorización de acometidas y servicios de alcantarillado y depuración de aguas residuales y la tarifa de conservación de acometidas y contadores, en ejercicio de la potestad tarifaria de las corporaciones locales, y por las razones que han quedado reflejadas en el cuerpo de esta propuesta", y de cuyo cumplimiento parece apartarse el acuerdo que se nos propone, pues no nos consta su revocación judicial o administrativa, y es un asunto en trámite, cuyo expediente no ha sido reclamado al servicio que lo tramitaba y custodia.
Las cuestiones de fondo que fundamentan, sin duda, una impugnación no pueden detallarse por carecer de la propuesta de la concesionaria, de la del Alcaldía hasta esta mañana y de un estudio pormenorizado. Si bien es posible señalar en este momento, y sin perjuicio de la ampliación que se efectuará cuando se cuente con el informe encargado esta misma mañana a un Letrado externo, las aparentes irregularidades que desaconsejan un voto favorable y estarían viciando de nulidad este posible acuerdo, cuando no sean merecedores del reproche penal consisten en:
Según el tenor literal de los informes de la denominada "comisión técnica", a los que hemos tenido acceso, la concesionaria podría haber reconocido por escrito que desde el año 1997 se viene incumpliendo el contrato, por reconocer las cuestiones formales que se contenían en el informe del Jefe de Infraestructuras, como el reparto de gastos comunes por ejemplo.
Aparentemente, al introducir conceptos como más beneficiosos por el IVA, se podría estar incurriendo en ilegalidades fiscales.
Se incluyen los gastos extraordinarios, pero no los ingresos por servicios prestados a los abonados, por lo que se ocultan ingresos.
Se introducen conceptos ajenos al contrato, y al pliego. Entre ellos modificaciones unilaterales de la concesionaria, como los incrementos injustificados de costes de personal.
Parece aceptarse el abono de obras efectuadas sin licitación.
Podrían estar aceptándose sobrecostes, por lo que hace falta un estudio detallado y pormenorizado.
Ante esta situación, y la ocultación de los trámites, si han existido, consideramos que se trataría de una modificación de contrato unilateral y encubierta, además de otras irregularidades que ampliaremos, por no haber tenido acceso directo a la propuesta hasta el inicio de esta Junta y no poder estudiarla más a fondo.
Además en la mañana de ayer se dio traslado a Alcaldía de esas dudas y de otras a través de un informe emitido por el Coordinador General del Área de Desarrollo Sostenible, de 22 de diciembre de 2017, que incorporamos a este voto, y el resultado ha sido lejos de tenerlo en cuenta y porfundizar en la legalidad o no de la situación de la concesionaria darle impulso a una propuesta de ésta, de cuya legalidad dudamos.
Queremos reseñar que este acuerdo aparentemente incumple el pliego, el contrato y la ley; se adopta sin que se dé ninguna de las razones de interés general para la modificación de tarifas; traslada al usuario todo el riesgo y ventura de la concesión, que corresponde a la concesionaria; y atenta contra los principios de publicidad y concurrencia en la contratación pública;; e incluso valoramos el estudio de si se podría estar incurriendo en delitos de prevaricación, fiscales o exacciones ilegales.
Como siempre ha defendido José López y MC Cartagena los precios públicos se calculan, no se pactan, negocian o apañan en trámites poco transparentes.
Por todo lo expuesto, y las razones que surgirán del estudio pormenorizado que se nos ha impedido y negado, hacemos expresa reserva de las acciones legales que procedan contra este acto administrativo y sus responsables, y firmamos este voto en contra de la propuesta.
