Hace escasos días, el Grupo municipal MC, en el ámbito de sus competencias, determinó un cambio en su portavocía, cargo que ostentaba el concejal del área de Calidad de Vida, Francisco Calderón y que, desde ahora y hasta el final de la legislatura, desempeñará la edil de Hacienda, Contratación y Patrimonio, Isabel García.
Se trata de una decisión planificada desde el inicio de la legislatura y que responde, además, a una reorganización interna de las tareas asignadas a los componentes del Grupo municipal.
El hecho de que García ejerza funciones como concejal delegada repercute en el hecho de que este aumento de su ámbito competencial se traduzca en un incremento salarial, algo que finalmente no se producirá.
Y es que la edil de MC, tal y como viene haciendo esta formación política desde que asumiera funciones de Gobierno en el Ayuntamiento de Cartagena, prosigue con su actitud ejemplarizante al renunciar a una retribución que le pertenece por derecho y de la que disfrutan el resto de Grupos políticos del Consistorio, hasta cuatro.
A García le correspondería percibir su asignación como portavoz, ya que se trata de una cuantía consignada en el presupuesto general del Ayuntamiento. O lo que es lo mismo, si la edil no hubiera renunciado voluntariamente, percibiría esta cantidad desde el próximo mes. Pero no lo hará.
La edil, consciente de las limitaciones presupuestarias que viene impuestas por la normativa estatal en cuanto al incremento de gasto se refiere, en una decisión marcada por la coherencia y la responsabilidad política, ha decidido no percibir dicha asignación.
Valor del trabajo
De esta forma, mientras que Isabel García, como edil y portavoz de MC percibirá 47.000 euros brutos anuales, el resto de portavoces de los Grupos municipales con representación en el Consistorio recibirán 58.000 euros brutos.
¿Qué vara de medir lleva a pensar que todos lo merecen excepto García, la edil que ha liderado la reducción de la deuda municipal en más de un 30% en apenas dos años de gestión?
200.000 euros
A pesar de ello, el Grupo municipal popular criticó ayer abiertamente la decisión de García, aun conociendo que la edil renunciaría a la gratificación que le corresponde.
La injustificada crítica llegó de voz de una formación política, el PP, que recibe cada año más de 200.000 euros del presupuesto municipal, únicamente para sufragar las nóminas de Francisco Espejo, Carolina Palazón, Esperanza Nieto y Diego Ortega, sus cuatro concejales liberados.
Gran coste y escaso bagaje para cuatro representantes públicos que, en más de dos años de legislatura, continúan sin aportan una sola iniciativa responsable, centrando su labor en la constante crítica a la labor del Gobierno y en eludir cualquier atisbo de responsabilidad.
