El Gobierno municipal de Cartagena ha acordado con los representantes sindicales de Sime y CC.OO un régimen temporal para la distribución de los servicios extraordinarios para los empleados del Ayuntamiento, que estará en vigor hasta la aprobación de un nuevo acuerdo de RED y, en todo caso, hasta el día 29 de febrero, fecha a partir de la cual los servicios extraordinarios las establecerán los jefes de servicio a precio de hora extra. Al pacto no se han adherido CSIF y UGT.
El acuerdo, que ha sido suscrito por la alcaldesa, Ana Belén Castejón, la vicealcaldesa, Noelia Arroyo y el teniente de de alcalde, Manuel Padín, permitirá cubrir las necesidades de Policía Local, Bomberos y Brigadas con un mayor control de sus costes, gracias a la adecuación de los dispositivos a las necesidades de los servicios.
Una vez extinguido el cuadro de servicios mínimos fijado en el acuerdo de RED, el nuevo pacto incluye un sistema de servicios básicos de Policía fijado con criterios técnicos por su Jefatura que incluye novedades que dan mayor flexibilidad y eficiencia a la organización de los servicios, como la libre configuración de las patrullas en motos y coches patrulla.
La Jefatura calcula que el régimen provisional de servicios básicos supondrá una reducción de unas 3.300 horas.
El acuerdo prevé una media de dos servicios extraordinarios al mes para policías y bomberos, con entorno a dos localizaciones; mientras que en el caso de las Brigadas municipales se establece una previsión de 10 horas mensuales, que se concederán previa motivación por parte de los jefes de servicio.
La alcaldesa ha agradecido a los representantes sindicales su disposición y sentido de la responsabilidad para lograr un marco de trabajo estable para los funcionarios y mayor seguridad en el servicio a los cartageneros, en tanto se logra el acuerdo definitivo.
El coste de las horas extraordinaria creció en 2019 un 75%, pasando de 4 a 7 millones de euros, y el ejecutivo municipal se ha puesto como objetivo alcanzar con los representantes sindicales un nuevo acuerdo que permita ajustar los servicios a las necesidades reales, rebajar costes y evitar la sobrecarga de trabajo a empleados que deben encadenar jornadas prolongadas.
