Hoy, la concejal del Grupo municipal MC Cartagena, Isabel García, ha recordado que "este mes de noviembre se cumple el tercer año del segundo quinquenio del contrato de concesión de El Batel, por lo que se devengará el sexto pago sin revisión, aunque sí con 'arreglo' por parte de la alcaldesa, con el visto bueno de sus socios de La Trinca".
En este sentido, ha precisado que "los cartageneros seguimos pagando a una concesionaria que incumple el contrato en la parte artística. A nadie se le escapa lo mejorable del nivel de la programación. De hecho, existen informes del director del contrato en este sentido, en los que también se recoge que la UTE tampoco aporta la documentación que se le requiere para valorar su gestión económica".
Acto seguido, la concejal ha anunciado que, durante el próximo Pleno, su formación preguntará "por el estado en el que se encuentra el procedimiento administrativo de la revisión del importe a abonar por el Ayuntamiento a la UTE 'El Batel' y si existe alguna resolución administrativa, ya que la alcaldesa siempre ha hablado de 'negociación' y no de fijación de la revisión de la ayuda municipal, no estando avalada por ningún técnico, puesto que éstos hablan de incumplimiento y de falta de datos".
Posible judicialización
Una circunstancia que ha llevado a García a declarar que "valoramos denunciar el proceder del Ejecutivo local, ya que su inacción está lastrando las arcas municipales".
Isabel García ha continuado reseñando que "en octubre de 2016, les remití oficio para que presentaran diversa documentación contable, administrativa y financiera relativa a los cinco primeros años del contrato y así iniciar el procedimiento de revisión. Pero solo aportaron una parte".
La concejal cartagenerista ha concluido afirmando que "habida cuenta que la explotación y gestión según los técnicos municipales resultaba insatisfactoria, se inició un procedimiento de resolución del contrato". "Si éste no culminó fue por el tendencioso informe del director de la Asesoría Jurídica, creemos que emitido fruto de la 'presión' de la alcaldesa, ya que a pesar de no ser un órgano de resolución, se le permitió concluir que no cabía la extinción del contrato".
