La Junta de Gobierno Local, reunida hoy con carácter extraordinario, bajo la presidencia de la alcaldesa, Ana Belén Castejón, ha acordado recurrir en alzada la incoación del expediente para la declaración de la antigua prisión de San Antón como bien inventariado, al apreciar un ostensible cambio de criterio en cuanto al alcance de la protección de este edificio, según ha informado el concejal de Cultura, Educación y Juventud, David Martínez.
El recurso se basa precisamente en la disparidad de criterios de los técnicos de la dirección general, ya que en un primer informe, que dio pie a la incoación del expediente en marzo de 2017, se protegía con carácter cautelar el pabellón de acceso, el pabellón de reclusos y las cinco garitas que rodeaban el muro, que podrían ser rehabilitados y adaptados a nuevos usos aunque sin modificar sus condiciones volumétricas.
La inactividad de la administración autonómica en este asunto, provocó la caducidad del expediente en abril de 2018, fecha en la que volvió a retomarse con un nuevo informe que ya solo se limitaba a proteger el pabellón de oficinas con el jardín de acceso a vehículos, el muro exterior perimetral y las cinco garitas del inmueble, precisando que el muro exterior podía ser rebajado a su cota originaria y teniendo una o dos entradas suficientes para el acceso de vehículos, según necesidades de la propiedad.
A juicio de la Junta de Gobierno este cambio de criterio en cuanto al alcance de la protección, que deja precisamente fuera un elemento tan fundamental y característico de la cárcel como el pabellón de reclusos, no se encuentra debidamente motivado.
Para la Junta de Gobierno, resulta igualmente contradictorio que se inicie un procedimiento para inventariar la antigua Prisión de San Antón por su valor cultural como ejemplo de arquitectura carcelaria, único centro penitenciario construido durante la ll República en la Región y que contribuye a conocer la evolución arquitectónica de las cárceles y penales, para luego dejar desprotegido por su “poca relevancia” precisamente el pabellón de reclusos, y sin embargo proteger los muros y la oficina administrativa.
Según ha señalado el concejal David Martínez, no se puede aducir que el recinto carcelario es muy sobrio y sin elementos destacados, porque que un edificio de estas características no se caracteriza por su ornamentación, sino por su significación simbólica que implica sobriedad y funcionalidad.
Tampoco el avanzado estado de degradación del pabellón de reclusos para no protegerlo, ya que hay numerosos edificios catalogados e inventariados en el casco antiguo de Cartagena, cuyo estado de conservación es prácticamente ruina técnica y por ello no dejan de estar protegidos.
Para el gobierno municipal tampoco es argumento para la desprotección de las antiguas celdas el hecho de que la percepción general para los no reclusos era el de un recinto fuertemente custodiado por muro y garitas, con un edificio administrativo de entrada y que todo lo interior quedaba por tanto oculto a la vista, ya que una cárcel se caracteriza, sin duda, por un muro perimetral con garitas de vigilancia, pero sobre todo por un conjunto de celdas para la reclusión de los presos que es su principal funcionalidad y aunque los calabozos no se vean desde el exterior - lo que es propio- son sin duda una referencia intelectual imprescindible para identificar un edificio carcelario.
A todo esto, según el concejal, habría que añadir el relevante valor histórico, dado que en la Región de Murcia están catalogadas por su relevancia cultural varias cárceles y prisiones que favorecen la lectura histórica de la evolución arquitectónica de los centros penitenciarios como son las cárceles concejiles de Cehegín, de partido en Totana, eclesiástica del Obispado de Murcia, de la dictadura de Primo de Rivera en Murcia, de la inquisición en Murcia, cárceles militares, etc.……..
Así pues, ha añadido el concejal incluyendo la Prisión Central de Cartagena, se cierra el círculo de inmuebles de esa tipología en la Región, incluyendo una cárcel construida durante la II República.”
El concejal ha subrayado que a la luz de los contenidos de ambos informes técnicos no hay justificación expresa en el segundo informe, ni otra documentación en el nuevo expediente, para el cambio de criterio en cuanto a los elementos que son objeto de protección.
El recurso se ha planteado por el Gobierno municipal dentro del plazo de un mes fijado por la nueva resolución de incoación de este expediente.
