La comisión informativa de Hacienda e Interior, reunida esta mañana, bajo la presidencia del concejal del área, Ignacio Jáudenes, ha dictaminado favorablemente la propuesta de modificación de las Ordenanzas Fiscales de Impuestos y Tasas municipales para la dinamización económica del municipio, que será objeto de debate en el pleno ordinario del próximo jueves.

Las nuevas Ordenanzas Fiscales del municipio de Cartagena para 2025 se proponen con antelación suficiente desde el Gobierno municipal para que los emprendedores y empresarios puedan planificar sus futuras inversiones, tanto industriales, como sociales y turísticas.

Según el concejal de Hacienda cumplen con el compromiso del Gobierno local, centrado en estimular la economía y el empleo y en ayudar a quienes más lo necesitan; al tiempo que avanzan en la política de congelación y bajada de la fiscalidad dirigidas a las familias, a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas.

De este modo se mantienen y aumentan todas las deducciones que se pusieron en marcha durante la crisis con el objetivo de incentivar a economía, simplificar las tramitaciones y crear empleo. Por ese motivo, además, el Ayuntamiento va a mantener la ‘tasa 0’ para las comunicaciones previas y declaraciones responsables de apertura de nuevos negocios.

En relación al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que ya se bonificó en la pasada Legislatura para la instalación de nuevas empresas, en función del empleo creado, hasta el 95%, ahora se suma una nueva bonificación de 15 puntos para las empresas que tengan relación con el sector de la Defensa, conforme al objetivo de transformar Cartagena en un centro europeo de industrias de la defensa y la seguridad.

Jáudenes ha subrayado el “impulso a lo social” que contiene la nueva ordenanza, de tal modo que se ha incluido, por primera vez, una bonificación del 50% para la construcción de los centros de día para mayores y personas discapacitadas, promovidos por las entidades sin fines lucrativos.

Se incrementan, por otra parte, los porcentajes para la construcción de hoteles y alojamientos turísticos, hasta el 60%; para Pymes hasta el 35% y para autónomos hasta el 30%, en función del empleo creado.

El concejal ha destacado que la plusvalía mortis causa, conocido como ‘impuesto a la muerte’, se va a bonificar al máximo legal permitido del 95%, con la finalidad de ayudar a las familias en uno de sus peores momentos.

Por su parte el grupo socialista ha planteado en la Comisión cinco enmiendas a estas ordenanzas, que han sido rechazadas.

Una, para que se bonifiquen en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO) la construcción o rehabilitación para centros de investigación y desarrollo y otra, para aumentar la bonificación de los sistemas térmicos y de autoconsumo energético, que no sean obligatorios, que en ambos casos han sido apoyadas por Sí Cartagena; con la abstención de MC y el voto en contra de PP y Vox.

Otra para eliminar la bonificación de la plusvalía de viviendas adquiridas por herencia, cuando supere su valor los 500.000 euros, que ha tenido la misma votación anterior; y otras dos más referidas a la tasa de ocupación para que no se exima de su pago a eventos que ya reciban subvención municipal; y a la tasa de aprovechamiento especial del dominio público, para que queden exentas las entidades sin ánimo de lucro.

En estas dos propuestas de modificación de tasas ha votado en contra PP, MC y Vox; con el apoyo de PSOE y Sí Cartagena, en la primera de ellas; y en la segunda, ha votado en contra PP y Vox; mientras que se han abstenido MC y Sí Cartagena.

La votación final de las ordenanzas fiscales ha contado con el apoyo de PP y Vox, y las abstenciones de MC, PSOE y Sí Cartagena.

TASA DE BASURAS

La comisión también ha dado luz verde a la propuesta de actualización de las tasas por la prestación del servicio de recogida de basuras y la tasa por tratamiento de residuos sólidos, en aplicación de la Ley nacional de residuos, que obliga a que los ciudadanos paguen el coste real del servicio para asegurar su equilibrio financiero,

Según ha explicado Jáudenes “Cartagena es uno de los últimos Ayuntamientos en repercutir los costes de esta Ley a los ciudadanos, y, además, en un porcentaje inferior al que han aplicado otros municipios de la Región.

La Ley obliga al Ayuntamiento a pagar 30 euros por tonelada vertida en el propio vertedero municipal y a que el servicio no sea deficitario. Como consecuencia de eso, el Ayuntamiento se ve en la obligación de repercutir un 17,55% en las facturas de los cartageneros para cubrir los 3 millones de déficit del servicio de recogida y depósito de los residuos en las propias instalaciones municipales. Por su parte la tasa para las empresas que hacen uso del vertedero subirá un 19,3%.

La votación de esta propuesta ha contado con el voto a favor de PP y Vox; el voto en contra de MC y la abstención de PSOE y Sí Cartagena.

HONORES Y DISTINCIONES

En el apartado de Honores y Distinciones municipales, la Comisión ha dictaminado favorablemente por unanimidad la concesión del título de Hijo Adoptivo de Cartagena a Joaquín Barberá Blesa, así como la nominación del pabellón municipal de El Algar como Pabellón Juan Sáez Celdrán y la instalación de una placa de homenaje y recuerdo a Pedro Sánchez Plazas, “El Chimeneas”, en La Aljorra.

Sin embargo no ha prosperado la propuesta de MC de modificación del Reglamento de Protocolo Honores y Distinciones municipales para que las distinciones sean aprobadas todas ellas a la vez en un único pleno institucional que coincidiera todos los años con la conmemoración de la sublevación cantonal, el 12 de julio.

La iniciativa de MC no ha sido apoyada por ninguno de los grupos restantes, ya que PP y Vox han votado en contra; y PSOE y Sí Cartagena, se han abstenido.

Por último y entre otros asuntos, la comisión ha informado favorablemente, con la abstención de MC, el Reglamento de funcionamiento de la Mesa Intersectorial para la prevención y promoción de la salud en Cartagena; así como la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de la venta, suministro y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, que sube de 48 a 150 euros la multa mínima; y rebaja la máxima de 3.000 a 1.500 euros. Este último asunto ha contado con la unanimidad de los grupos municipales.