A principios del mes de agosto de este año, investigadores, documentalistas y visitadores puntuales que utilizan las dependencias del Archivo Naval de Cartagena (ANC) para sus estudios, investigaciones o simplemente para obtener alguna información de alguna persona desaparecida o represaliada por el franquismo, fueron informados de que las dependencias de dicho Archivo se cerrarían el día 15 de septiembre para el acceso a la documentación de los sumarios de tribunales militares, entre 1939 y 1948, que sirvieron para condenar a miles de personas murcianas desafectas al régimen sublevado.
Ya que en diciembre de 2018, la Subdirección General de Patrimonio Cultural, dependiente del Ministerio de Defensa, advirtió el que esos expedientes sumariales podían ser trasladados a Madrid, cuando el Tribunal Militar Central lo considerase conveniente, parece ser, según esto, que su destino serán las dependencias centrales del Tribunal Militar Territorial Primero, ubicadas en Madrid, de las cuales depende el Juzgado Togado Militar Territorial 14 con sede en Cartagena, para su digitalización. Entonces la Federación se movilizó, intentando hacer cómplices de la reivindicación en contra de esta medida a Instituciones (Universidad, Asamblea Regional) y a la sociedad civil afecta a la medida. Le hicimos saber a la Ministra de Defensa, Margarita Robles, la misma titular que hay en la actualidad, nuestro desacuerdo por tal medida y le propusimos soluciones alternativas al traslado. Éste se canceló o, al menos, por lo que estamos viendo, se pospuso.
Nos oponemos ahora, al igual que nos oponíamos en el 2018, a ese traslado porque contradice el principio archivístico tradicional de respeto a la procedencia de la información, por el que ésta debe permanecer lo más cerca posible del lugar donde históricamente se produjeron los hechos o vivieron sus protagonistas; estando este principio contemplado, además, en el ordenamiento jurídico de archivos. En este aspecto hay que recordar el caso de los expedientes que se encontraban en el Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca y que por dicho principio volvieron a su lugar de origen, a Cataluña.
Nos oponemos, como en el 2018, a que salgan esos expedientes del ANC; es decir, de la Región de Murcia, porque se trata de un Patrimonio Histórico Regional y porque representaría un corte radical en las investigaciones que se están realizando en la actualidad por la Universidad de Murcia, por investigadores/as y por el mundo Memorialista de la Región. El caso de Valencia, perteneciente también al Tribunal Militar Territorial Primero, es paradigmático en cuánto a la tardanza en la digitalización de expedientes: más de 8 años sin realizar ni una sola digitalización y, por lo tanto, sin acceso a esa documentación.
Nos oponemos porque, ya años antes del aviso de diciembre de 2018, se hizo una importante inversión de modernización y de adecuación de las Instalaciones del ANC para adaptarlas al Reglamento de Archivos Militares y a la Ley 52/2007, la denominada Ley de Memoria Histórica de Zapatero, que establecían el derecho de acceso a los fondos de los archivos públicos y privados, al tiempo que se encomendó a los poderes públicos la adopción de las medidas necesarias para la protección, la integridad y catalogación de estos documentos. Una gran inversión que consiguió adquirir los medios técnicos necesarios para la conservación y la digitalización de los documentos, y obras que dotaron al archivo de unas notables y ejemplares medidas de seguridad.
Instamos al Ministerio de Defensa a que reconsidere la iniciativa del traslado de estos expedientes atendiendo al propio Reglamento de Archivos Militares, que reconoce que la dependencia administrativa y jerárquica de los tribunales militares territoriales, no es necesariamente incompatible, con una distinta ubicación geográfica de sus fondos, como es el caso del Juzgado Togado de lo Militar Territorial número. 14, ubicado en el ANC con respecto al Tribunal Militar Territorial Primero.
Por tanto, Los sumarios y demás documentos referidos a la guerra civil y la dictadura depositados en el Archivo Naval de Cartagena, deben permanecer en el mismo lugar en que se originaron, en la ciudad de Cartagena, en la Región de Murcia; se deben, asimismo, establecer los convenios necesarios con otras administraciones públicas regionales para que, merced a su restauración y digitalización in situ, puesto que existen los medios técnicos para ello, puedan ser consultados on-line, y para que las personas investigadoras de la región puedan acceder, no solo a su consulta presencial, sino combinar ésta con la de los fondos existentes en la biblioteca del citado archivo, y con las actividades organizadas por la Cátedra de Historia Naval, por el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Murcia y demás actividades culturales que se den en su zona de influencia.
Por último, hacemos un llamamiento todas las Instituciones de la Región (Asamblea Regional, Ayuntamientos y Universidades de la Región) y a la sociedad civil sensibilizada con su Patrimonio Cultural y Documental, a que se unan a la reivindicación de la digitalización de esos documentos in situ y a negarse, por tanto, a la salida de esos expedientes de la Región de Murcia.