Ya no hay excusas. El Ayuntamiento de Cartagena cuenta con la propiedad del tramo de carretera ubicado frente al Hospital de Santa Lucía desde hace dos años pero nada saben los cartageneros del tan necesario y demandado acceso peatonal. Era una petición muy reclamada por distintos ejecutivos locales y, por fin, el Ministerio de Fomento culminó la cesión de medio kilómetro de la autovía en junio de 2019 sin coste alguno para el municipio. Lo que parecía una construcción inminente ha quedado en una más de las promesas que caen en saco roto.

Agrava aún más esta inacción municipal, el hecho de que fuera una de las peticiones estrellas del partido Ciudadanos cuando formaba parte de la oposición. Incluso este grupo político aseguró que había conseguido 300.000 euros para la acera y carril bici en las segundas cuentas municipales de José López (MC) como alcalde. En nada quedó aquello y en nada sigue la situación ahora que la formación naranja ostenta la Concejalía de Sanidad en el Ayuntamiento de Cartagena. Amnesia que sufren los políticos, en este caso el teniente de alcalde, Manuel Padín, una vez acceden a la responsabilidad de gobierno.

En la actualidad, sólo el autobús público y el coche particular permiten la aproximación al principal centro sanitario de la ciudad. El único semáforo peatonal cercano, en la propia carretera CT-33, tiene ubicación a la altura de la Barriada de Santiago. Así pues, tanto pacientes como familiares de los mismos o incluso trabajadores sanitarios, en el caso del acceso a pie al hospital, sólo contarían con la opción del recorrido por las calles de esta urbanización justo por detrás de la gasolinera Repsol y todo el muro trasero del Depósito Franco. Un largo rodeo repleto de dificultades para los viandantes ya que ni hay pavimento en la mayor parte del trayecto colindante al centro de transportes.

El Gobierno de España dejó, en concreto, en manos del Ayuntamiento desde el punto kilométrico 1,575 hasta el 2,005 de esta autovía en su margen derecha, coincidente con el barrio de pescadores. Según Fomento, el traspaso de este tramo, que hasta hace dos años pertenecía a la Red de Carreteras del Estado, no menoscaba la continuidad de la red viaria estatal ni su funcionalidad. En una colaboración entre administraciones que, pese a la insistencia en este sentido de actual equipo de Gobierno municipal, sigue sin culminación.