Francisco Jiménez asegura que las acusaciones del diputado Joaquín Segado en relación a la apertura de un CATE y de la vicepresidenta del gobierno regional sobre una supuesta emergencia social solo pueden responder a la ignorancia más absoluta o a un uso político de este drama humanitario

Francisco Jiménez atribuye a un profundo desconocimiento en la gestión y los protocolos de actuación el acoso institucional y político que está sufriendo la Delegación del Gobierno por parte del ayuntamiento de Cartagena y del gobierno regional empleando una estrategia de reiteradas y estudiadas acusaciones en relación a la llegada de inmigrantes a nuestras costas en los últimos días.

El delegado del Gobierno lamenta profundamente el uso político de un drama humanitario como la inmigración y considera injustificable la deslealtad de las dos administraciones en este asunto. "Solo puedo atribuir estas manifestaciones a su ignorancia más absoluta o a un uso partidista de una política de Estado, cuyas medidas y actuaciones trascienden nuestras fronteras, con el único fin de agitar el escenario político y crear inestabilidad en esta época de precampaña electoral", ha manifestado Jiménez.

El delegado del Gobierno asegura que la vicealcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, miente cuando afirma que el CIE de Sangonera La Verde está cerrado. "Es falso que esté cerrado. Está a pleno rendimiento, y ahí y a otros CIE de España vamos derivando a los inmigrantes a medida que se liberan plazas al ejecutar órdenes de expulsión", ha explicado Jiménez, que asegura que el año que viene se acometerá una importante reforma y ampliación de sus instalaciones para mejorar la atención a los inmigrantes, cuestión que no ha sido acometida por gobiernos anteriores a pesar de cifras de llegada de inmigrantes considerablemente superiores

El delegado del Gobierno reitera, en contra de las afirmaciones de Arroyo, que la Delegación del Gobierno no ha ignorado el ofrecimiento de ayuda del ayuntamiento de Cartagena. "Simplemente, para esas primeras 72 horas, el ayuntamiento no puede prestar ninguna ayuda de acogida, pues, durante ese tiempo, los inmigrantes sólo pueden estar bajo custodia policial y, posteriormente, los que no ingresan en los CIE, son derivados a las ONG del Sistema Nacional de Acogida, competencia exclusiva del Ministerio del Interior y el de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social", asegura Jiménez.

El delegado del Gobierno insiste en que si el ayuntamiento realmente quiere ayudar lo que tiene que hacer es mostrar la debida lealtad, dejar trabajar a los cientos de profesionales del Estado que se sacrifican personal y profesionalmente cada día para salvar a estas personas en alta mar y atenderlas con la mayor dignidad posible y esperar a que su ayuda sea solicitada.

"En las reuniones mantenidas con la alcaldesa de Cartagena quedó muy claro que pediríamos su ayuda, la única que pueden prestar en esas primeras 72 horas, cuando hiciera falta habilitar un pabellón ante una avalancha excepcional y continuada, como la sucedida hace dos años, y que afortunadamente no se ha producido en esta ocasión. Nosotros hemos sido absolutamente transparentes desde el principio y nos hemos mantenido al margen de polémicas, pero cuando compruebas que, reiteradamente, se hace un uso interesado y desleal de este asunto, nos vemos obligados a desmentir ciertas acusaciones y a defender a la institución y al Gobierno de España", añade Jiménez.

Centro de Atención Temporal a inmigrantes

Según Jiménez, la posible construcción de un CATE, Centro de Atención Temporal a inmigrantes, y el impostado rechazo manifestado por el portavoz del PP en la Asamblea, Joaquín Segado, es el ejemplo más evidente de la utilización política de este drama. "No puede ser que una idea lanzada en marzo de 2018 por el entonces delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, del Partido Popular, fuera extraordinaria, y que ahora que lo pedimos nosotros, porque es necesario, nos acusen de fomentar el efecto llamada y de dañar la imagen turística de Cartagena. Pero, sobre todo, no puede ser que esas acusaciones las lance la misma persona que, en octubre de 2018, siendo presidente de la Autoridad Portuaria, estudiara con mi predecesor Diego Conesa, sobre plano de la Autoridad Portuaria, la posible ubicación de ese CATE", afirma Jiménez, que asegura que esa instalación ni será un CIE, ni dañará la imagen turística de la ciudad, como no lo hace en Málaga, Motril, Algeciras o Cádiz, y permitirá atender con la máxima dignidad a los inmigrantes en esas primeras horas de obligada custodia policial.

"No entendemos cómo pueden oponerse, tanto el ayuntamiento como los parlamentarios populares, a una idea que ya propusieron ellos y que persigue, precisamente, acabar con las supuestas alertas o emergencias sociales, sanitarias y de seguridad que en su opinión originan las infraestructuras actuales para atender a unas personas que huyen de un drama humanitario y que hay que recordar que no son delincuentes. Además, se trata de una instalación que mejorará notablemente las condiciones de trabajo de Policía Nacional y Cruz Roja"

Finalmente, el delegado del Gobierno lamenta el fondo, y fundamentalmente el tono, de las declaraciones de la vicepresidenta regional, Isabel Franco, en las que le acusa de hacer dejación de funciones y favorecer el efecto llamada. "Me sorprenden y decepcionan mucho las declaraciones de Isabel Franco en las que me acusa de dejación de funciones. Yo no la acuso a ella de nada ni me inmiscuyo en la situación de sus centros de acogida. Esto es una responsabilidad de todos y la verdadera dejación de funciones es acusar a los demás para no asumir tus propias obligaciones y responsabilidades. No estamos dilatando nada porque nunca antes, en situaciones mucho peores, se ha declarado en la Región de Murcia la emergencia social a la que ella alude para casos de inmigración. Estamos trabajando sin descanso para atender un asunto muy complejo que no puede ni debe ser utilizado y aireado públicamente", concluye Jiménez.

Durante este año han llegado a España 18.591 inmigrantes por vía marítima, sólo un 4,53% a través de la Región de Murcia, donde han desembarcado hasta la fecha 844 personas de forma ilegal, cifras muy similares o incluso inferiores a las de 2018, cuando llegaron en total 1.672, o 2017, año en el que lo hicieron 2.084.