“Las decisiones urbanísticas del PP de Cartagena hasta 2015 nos han costado en condenas recientes ya casi 20,5 millones de euros que los cartageneros tendrán que pagar a plazos durante los próximos cinco años, un dinero que podría haberse invertido en barrios y diputaciones, y en la mejora de los servicios públicos; esto no puede volver a ocurrir”, sostiene el portavoz liberal

Ciudadanos pondrá en marcha en sus primeros días de gobierno un órgano imparcial e independiente y un protocolo municipal para que los empleados públicos puedan informar sobre casos de corrupción e irregularidades, “sin miedo a represalias, con total protección, seguridad, libertad y anonimato”, ha anunciado hoy el portavoz del partido liberal en Cartagena, Manuel Padín. El partido liberal también quiere que empresas, proveedores y ciudadanos en general sean igualmente protegidos ante estas posibles malas prácticas en su relación con el Consistorio. Manuel Padín ha explicado que “durante los últimos años, hemos conocido numerosos casos de corrupción política en los diferentes niveles de la Administración (municipal, autonómico y nacional), gracias al trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y a las investigaciones judiciales y periodísticas”.

El portavoz de Cs pone de ejemplo las decisiones urbanísticas del PP de Cartagena hasta 2015 “nos han costado en condenas recientes ya casi 20,5 millones de euros que los cartageneros tendrán que pagar a plazos durante los próximos cinco años”. “Nuestro protocolo contra la corrupción y las malas prácticas permitirá que funcionarios, empresarios, proveedores, y vecinos puedan dar la voz de alarma antes de que se produzca una decisión dudosa que arriesgue el dinero de todos”, asegura Padín.

El candidato de Cs a la alcaldía recuerda que el caso del antiguo cuartel de la Guardia Civil de La Azohía  nos va a costar más de 4,5 millones de euros gracias al presidente del PP de Cartagena por anular indebidamente una licencia, “el Gobierno de PSOE y MC tuvo en su mano resolver el conflicto con los demandantes a través de una permuta de terrenos, o el pago de 1 millón de euros, pero decidieron seguir recurriendo hasta el Supremo, y esa mala estrategia ha incrementado el daño a las arcas públicas cinco veces”.

“El conocimiento de muchas tramas de corrupción y decisiones políticas más que dudosas ha sido posible gracias a la valentía de los empleados públicos, periodistas y ciudadanos que han denunciado las irregularidades que se cometen en el entorno laboral en el que desarrollan su trabajo. Sin embargo, el miedo a las represalias laborales inhibe la voluntad de muchos de ellos a la hora de desvelar las supuestas irregularidades”, ha asegurado el portavoz liberal que ha concluido señalando que “algo me dice que la candidata del Partido Popular a la alcaldía de Cartagena no nos va a robar esta propuesta para meterla en su programa, de hecho no creo que incluyan una sola línea para combatir la corrupción política local, como tampoco lo hicieron a nivel nacional”.