Solicitarán explicaciones sobre los cuantiosos salarios de diversos trabajadores de la empresa
Esta mañana, el portavoz del Grupo municipal MC Cartagena, José López, ha denunciado el nuevo episodio de descontrol socialista en la concesión del servicio de aguas. "Los socialistas siguen dejando el cuerpo muerto sin exigir a Hidrogea la completa retirada de las tuberías de plomo y amianto".
Así ha iniciado su intervención el dirigente cartagenerista, recordando que "en agosto de 2018 denunciamos que el agua de consumo nos llega a través de kilómetros de acometidas de plomo y amianto, a pesar de que ya debía estar retirado. Que los cartageneros bebamos este agua no parece ser lo suficientemente urgente para Castejón y Torralba".
Ha continuado añadiendo que "después de que hayamos pagado por este concepto más de 8 millones de euros en 10 años para cumplir un Real Decreto de 2003, la alcaldesa no quiere importunar a la concesionaria, olvidando que es su obligación velar por la salud de los cartageneros".
Posteriormente, López ha agregado que "también intentaremos conocer en qué ha empleado el Gobierno los 200.000 euros consignados en el presupuesto de 2018 para los estudios de calidad del agua que Torralba parece haber desviado".
Pregunta sobre los salarios de la empresa concesionaria del agua
Del mismo modo, MC Cartagena también cuestionará también acerca de los honorarios percibidos por diversos trabajadores de la empresa concesionaria del servicio municipal de aguas.
En concreto, la formación cartagenerista preguntará por el número de empleados que cobran más de sesenta mil euros, así como por el salario que recibe el director del contrato por parte del Ayuntamiento.
Al hilo de esta motivación, MC solicitará al Gobierno local que explique si considera razonable que, con cargo a una prestación esencial y un servicio público, se paguen esos salarios y si lo percibido por dichos trabajadores se trata de un precio de mercado.
López ha concluido recordando que "la tarifa que nos cobran por el agua desde mayo de 2018 es ilegal, porque Castejón violó la Constitución para aprobarla y porque incluye partidas millonarias como los aumentos de sueldo que la empresa concede a sus directivos por conseguir sangrar nuestros bolsillos y que evidentemente no debemos pagar. Si no dan marcha atrás voluntariamente y devuelven el dinero, los acabará obligando un Juez".