Tras la noticia aparecida en La Verdad sobre la reactivación del ‘caso Balsa Jenny’ por parte de la fiscalía por presunto riesgo ecológico, lo que ha puesto definitivamente el foco de la Justicia sobre la Comunidad Autónoma, Podemos responsabiliza al Gobierno Regional por el engaño hacia los vecinos, y por desentenderse presuntamente, durante diez años, de su obligación de proteger la salud de las personas y el entorno natural de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión y del Mar Menor. 

Según la noticia de la Verdad, la fiscalía asegura que hay «indicios de la posible comisión de un delito contra el medio ambiente y/o de un delito de prevaricación» por parte de la Dirección de Calidad Ambiental y de su Servicio de

Vigilancia y Control, por el retraso en el sellado y la restauración del depósito Los Blancos. Para la formación morada esta acusación es muy grave, pues de prosperar la misma, estaríamos ante un Gobierno del PP que ha puesto en grave riesgo la salud de los vecinos de la zona del Llano del Beal, y que por lo tanto no merece seguir gobernando.

Desde CTSSP, el grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento, denuncian que el Partido Popular gastó 6 millones de euros en una restauración de la que a día de hoy siguen rezumando eflorescencias salinas con metales pesados altamente tóxicos, los mismos que van a parar a las calles del Llano, y a través de las ramblas al Mar Menor. “De confirmarse la denuncia de fiscalía, la misma que vienen haciendo los vecinos durante años, y ahora a través de la Plataforma de Afectados por los metales pesados, la sociedad entera tendría que pedir responsabilidades a unos políticos que solo han beneficiado los intereses de unos pocos, abandonando el interés general, que no son otros que los vecinos y vecinas y el entorno natural”, según palabras de Pilar Marcos, Secretaria General de Podemos Cartagena. 

Desde Podemos denuncian también, que pese a la peligrosidad de esos desechos trasladados al depósito de Los Blancos, este vertedero no se impermeabilizó y los estériles estuvieron a la intemperie, sin cubrir durante una década, permitiendo  que las escorrentías que se producían por las lluvias llevasen los metales pesados hacia los pueblos de la Sierra Minera y también hacia el Mar Menor. “En la Sierra Minera quedan todavía 89 depósitos mineros que siguen sin descontaminar, esperando la actuación pública de un gobierno irresponsable que no exige el principio básico de que “quien contamina paga”, porque protege antes a la empresa contaminante, que a los contaminados, vecinos y Mar Menor” termina diciendo la portavoz de CTSSP.