- La formación naranja ha solicitado por escrito al Ejecutivo local que compruebe la titularidad de las casas ilegalmente ocupadas, inste a los propietarios a tomar las medidas legales oportunas y que aumente en la medida de lo posible la presencia policial en la zona para garantizar la seguridad de los vecinos

Los vecinos de la urbanización de Mojon Hills en Isla Plana están sufriendo un auténtico calvario por la presencia de okupas en seis viviendas. Los vecinos, tal y como relataron ante las cámaras de 7TV Región de Murcia, han sufrido amenazas de muerte, intimidaciones, robos de enseres, pinchazos en las ruedas de sus coches, e incluso han tenido que clausurar la piscina porque las personas que ocupan ilegalmente estas viviendas han defecado en ella. Al parecer, la propiedad de estas viviendas pertenecería, según la información de 7TV, a una entidad bancaria que hasta el momento se ha desentendido del tema, tanto del abandono de las casas como de la presencia de los okupas.

La presidenta de la Junta Vecinal de Isla Plana - La Azohía, María Dolores Díaz, ha estado en permanente contacto durante las últimas semanas con algunos de los vecinos que están soportando esta situación y ha recabado la documentación necesaria para trasladarla al Ayuntamiento de Cartagena. Por su parte, el Grupo Municipal de Ciudadanos en Cartagena ha remitido hoy toda la información de que dispone a la Alcaldía y a la Concejalía de Seguridad y ha solicitado que se compruebe la titularidad de las casas ilegalmente ocupadas y se inste a los actuales propietarios a tomar las medidas legales oportunas y a aumentar en la medida de lo posible la presencia policial en la zona para garantizar la tranquilidad de los vecinos.

Manuel Padín ha recordado que en mayo de 2017 remitió al Ayuntamiento la necesidad de actuar ante el abandono de esta y otras urbanizaciones tras visitarlas con la presidenta vecinal y el presidente de la Comunidad de Propietarios.

Según ha podido saber hoy Ciudadanos, algunos vecinos de la zona estuvieron hasta la madrugada de hoy tratando de "negociar" con los okupas la devolución de algunos objetos robados, "es algo esperpéntico que los vecinos tengan que exponerse de esta manera", ha señalado Manuel Padín que ha pedido al concejal de Seguridad que se persone hoy mismo en esta urbanización y atienda a sus residentes. Cs también informa que para el próximo 24 de agosto a las 18:00 horas se ha convocado una reunión entre el administrador de fincas y los vecinos de la urbanización afectada para analizar la situación, "a la que esperamos que acudan representantes del Ayuntamiento", sostiene Padín.

Okupación en Cartagena

La formación naranja muestra su preocupación de que el fenómeno de la okupación ilegal y violenta lejos de desaparecer esté aumentando en Cartagena, "ya se han detectado casos en Los Nietos donde existen narcopisos frente frente a un colegio público, en La Palma, en la barriada Virgen de la Caridad, Barrio Peral, Pozo Estrecho, La Aljorra, en la zona de la Serreta, en La Palma, El Portús, y ahora en Isla Plana, entre otras zonas del término municipal", ha explicado Manuel Padín que ha recriminado a PSOE y Podemos que votaran en contra del plan contra la ocupación ilegal y violenta presentado por Ciudadanos en el Pleno ordinario de abril de 2017, "la portavoz de Podemos llegó a acusar a Cs y a la prensa de estar generando una alarma innecesaria y se atrevió a asegurar que la ocupación ilegal y violenta no existía en Cartagena, sólo en las grandes ciudades".

Según ha informado Manuel Padín, "desde entonces, estamos en conversaciones con PP y MC, formaciones que se abstuvieron en la votación, para reactivar y volver a llevar a pleno este plan que no tiene otro objetivo que poner freno a la dimensión violenta y mafiosa del fenómeno de la okupación en Cartagena".

Apoyo a la proposición de Ley contra la ocupación de Cs

Ciudadanos también pidió en aquella sesión plenaria que el Pleno apoyara la propuesta de Cs de modificar la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley de Propiedad Horizontal presentada en el Congreso de los Diputados, con objeto de permitir a los ayuntamientos ejercer, previa cesión por parte de las comunidades de propietarios, las acciones judiciales que procedan en el caso de okupación ilegal de viviendas o edificios que ocasionen graves molestias en materia de seguridad y convivencia vecinal.

En la actualidad, los ayuntamientos solo pueden actuar por ejecución sustitutoria en casos en los que prevalezca el deber de conservación de un inmueble o una vivienda, y cuando un desalojo se hace inevitable para mantener la seguridad. La propuesta de Cs da un paso paso más allá y propone que las comunidades de vecinos pueden ceder la acción de inicio de procesos judiciales, el consistorio actuaría en su nombre y, una vez recuperado el inmueble, el ayuntamiento podría actuar para tomar aquellas medidas que debería haber tomado el propietario para garantizar los derechos del resto de vecinos. La propuesta también defiende la repercusión de los costes judiciales y posibles sanciones al propietario real apelando a la obligación de responsabilidad que muchas veces cae en el olvido.

Según Manuel Padín, "se trata de una propuesta que actuaría fundamentalmente contra la 'dejadez' de las entidades bancarias y que busca de terminar con situaciones de mayor gravedad (como los narcopisos de Los Nietos) y que suscita además la posibilidad de crear mecanismos de recuperación de vivienda para la ciudad".

El Plan municipal de Cs Cartagena

La propuesta de Cs pretendía poner en marcha en Cartagena incluía un Plan de Protección de la Convivencia y Seguridad Vecinal contra la okupación ilegal y violenta que incluya, entre otras medidas, la creación de una Oficina de Defensa de los Derechos de los Vecinos afectados por la Ocupación Ilegal, como órgano encargado de velar por la seguridad y la convivencia vecinal.

En el marco de esta oficina, una unidad de seguimiento contra las ocupaciones ilegales coordinaría las acciones de vigilancia e instruiría los expedientes administrativos necesarios para acreditar los hechos contrarios a las ordenanzas en materia de convivencia y de protección ciudadana, de manera que sirviera como prueba en los procesos judiciales pertinentes. Las denuncias vecinales se recogerían en un punto centralizado de atención vecinal contra la usurpación.

El plan de Cs también solicitaba el refuerzo de la presencia policial y el patrullaje preventivo en las zonas afectadas por el problema de la okupación y que en el plazo máximo de tres meses se iniciaran los trabajos para la elaboración de un censo de viviendas ocupadas cuantitativo y cualitativo, donde se indique el tipo de ocupación, diferenciando claramente las ocupaciones mafiosas de las personas que las realizan por razones de necesidad.