Esta mañana, durante el Pleno ordinario de la Corporación, con los votos a favor de MC y Cartagena Sí Se Puede; la oposición del PSOE, y la abstención de PP y C's, se ha aprobado la iniciativa defendida por el portavoz del Grupo municipal cartagenerista, José López, para requerir a Hidrogea ala "liquidación del 'denominado 'superávit' de las anualidades de 2011 a 2017, en cuanto no haya sido liquidado y resulte firme; así como los ingresos percibidos por la misma relativos a la explotación de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de Cartagena".
La propuesta de MC contempla aplicar la cantidad resultante de la liquidación del superávit a la amortización y consiguiente rebaja de la deuda y el recibo mensual, pues el objetivo perseguido por esta formación es que la totalidad de los usuarios abonen un precio justo por el servicio, tal y como establece la Ley de Contratos.
La moción de la formación cartagenerista establece que se destine "a amortización de deuda de, al menos el 40%, del dinero de los abonados que la concesionaria ha de devolver".
Además, con el restante de ese dinero se propone ejecutar una serie de actuaciones, destinadas a la mejora y modernización de las redes de alcantarillado y saneamiento, "cumpliendo con la exclusiva competencia municipal en estas obras", y para asegurar la igualdad de los vecinos.
Obras inaplazables
Estas obras son la llegada del servicio de agua potable a Campillo de Adentro; la canalización de pluviales de El Llano del Beal para, de este modo, solventar, definitivamente, los problemas de escorrentías que han afectado, entre otros, al colegio, además de generar riesgos constantes a la salud de las personas; la dotación de alcantarillado al paraje de Los Madriles (La Azohía/Isla Plana), así como el paraje de Los Barberos y Estrases (La Aljorra), Los Migaznares (La Palma) y Los Beatos y el Polígono de Los Camachos; la ejecución de la canalización de los márgenes del Camino del Sifón, algo que resulta una necesidad inaplazable, y que se acometa la descentralización de contadores en las zonas rurales y núcleos diseminados.
Cronología
Durante su intervención, José López ha recordado que "como consecuencia de la revisión de tarifas del año 2012, se perpetuó un abuso a los abonados del servicio, que satisfacemos un sobreprecio en nuestros recibos de modo premeditado y consensuado entre concesionaria y gobierno local del PP", además de aseverar que "gracias a nuestra labor, y la de Marcelo Correa, destapamos esta corruptela y conseguimos que la concesionaria 'devolviera' a los cartageneros más de 10 millones de euros correspondientes al superávit - exceso de cobro en los recibos - de las anualidades 2012, 2013 y 2014".
Cabe recordar que, en 2014, el PP entregó más de 4 millones de euros de este superávit a Hidrogea para que llevara a cabo obras de urbanización en Capitanes Ripoll y otros lugares, "infringiendo el pliego y garantizando con ello nuevos y mayores beneficios a la concesionaria". Con posterioridad, ha declarado, "descubrimos que esta situación ya se dio en 2011, por lo que reclamamos su devolución a los abonados, así como el que resulte de 2015 a 2017, aún sin liquidar".
Asimismo, los estudios efectuados por técnicos municipales en el verano de 2017 concretaban que la cantidad cobrada de más en los recibos de los usuarios por parte de la concesionaria ascendió a 13.929.079,57 euros, entre 2011 y 2016 (excluido 2012), y así se remitió a la concesionaria, siendo la propuesta que este dinero de los cartageneros se aplicara a la amortización anticipada de las inversiones realizadas por el Servicio Municipal de Agua, lo que rebajaría los costes en más de 4 millones de euros para 2018.
Este oficio fue remitido a la concesionaria, con la consiguiente sucesión de noticias ya conocidas. La empresa consiguió excluir a José López de sus responsabilidades, de las que fue cesado a principios de septiembre, sin que se haya avanzado, al menos públicamente, en este aspecto.
Con el procedimiento propuesto por MC se pretende garantizar la legalidad y la optimización de recursos. Igualmente, impedir que la concesionaria disponga libre e irregularmente del dinero de los usuarios, como ha sucedido en otras ocasiones, prácticas investigadas en el orden penal y por las que habrán de responder los responsables.