- "Estamos ante la cara más intransigente e inepta del bipartidismo, al PP le tenemos que agradecer la imposición de una llegada en superficie sin consenso social, y al PSOE la arrogante temeridad de defender en solitario los intereses de Cartagena sin contar con el resto de formaciones políticas", ha asegurado el portavoz de la formación naranja en Cartagena, Manuel Padín
- Ciudadanos quiere que se posponga el acuerdo hasta alcanzar el consenso más amplio posible y sugiere al Ayuntamiento invocar el artículo 205.1 de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC") que posibilita la impugnación de acuerdos que, por sus circunstancias, causa o contenido puedan resultar contrarios al orden público
"No se puede ir contra la voluntad de los vecinos", así de contundente se ha mostrado hoy el portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, tras conocer el dictamen del Consejo de Administración de la Sociedad Cartagena Alta Velocidad por el cual se impone la llegada en superficie del AVE, es decir, la propuesta de que las obras de integración urbana empiecen a finales del año 2020, y acaben en 2023, con una inversión de 66,6 millones de euros.
"Lo venimos advirtiendo desde hace más de un año, no queremos para Cartagena la fractura social que se ha producido en la ciudad vecina de Murcia a causa de la llegada del AVE, y por eso pedimos desde el primer momento que abriéramos el debate lo máximo posible mediante una Junta de Portavoces extraordinaria con miembros de Adif, y una Comisión de Seguimiento con la presencia de los vecinos, especialmente aquellos afectados por el trazado", ha explicado el portavoz naranja. Para Manuel Padín, "difícilmente se podrá acometer un proyecto de esta envergadura si no se cuenta antes con el respaldo de los colectivos vecinales afectados ni con el del Ayuntamiento de Cartagena; es una irresponsabilidad tremenda tomar una decisión de este tipo sin contar con los cartageneros; de manera que exigimos encarecidamente al Consejo de Administración que posponga el acuerdo hasta alcanzar un pacto con el Ayuntamiento y el consenso más amplio posible; no pedimos demasiado, sólo que rememos todos en la misma dirección para que el AVE llegue lo posible y no hayan problemas".
Según Manuel Padín, "la alcaldesa de Cartagena es también culpable de esta situación, a pesar de que llevamos meses advirtiendo que tenía que llegar a Madrid con un consenso social y político fuerte para poder enfrentarse con garantías a la soberbia y el rodillo del PP, ha hecho oídos sordos y ha preferido luchar contra los leones con un tenedor". "La señora Castejón no ha entregado todavía a los grupos municipales del Ayuntamiento la documentación técnica de Adif, y está incumpliendo el mandato plenario de convocar una Junta de Portavoces sobre la llegada del AVE desde noviembre de 2017", ha recordado Manuel Padín, que asegura que "hoy la situación sería distinta si el PSOE hubiera trabajado por un frente común, pero ha preferido defender su posición ignorando a los vecinos que están representados por el resto de fuerzas municipales, es decir, ha despreciado y silenciado al 83 por ciento del electorado en una decisión estratégica que marcará el futuro de Cartagena".
"Estamos ante la cara más intransigente e inepta del bipartidismo, al PP le tenemos que agradecer la imposición de una llegada en superficie sin consenso social, y al PSOE la arrogante temeridad de defender en solitario los intereses de Cartagena sin contar con el resto de formaciones políticas", ha asegurado el portavoz de la formación naranja en Cartagena, Manuel Padín
El portavoz de Ciudadanos señala que "es la primera vez que un Consejo de Administración de Alta Velocidad toma una decisión de este tipo en contra de la voluntad del Ayuntamiento, y con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena, y la plataforma vecinal de reciente creación con representantes de Barrio Peral, José María Lapuerta, Virgen de la Caridad, Torreciega, San Ginés y Sector Estación en contra". "No se puede hacer peor y desde Ciudadanos tememos que esto pueda desembocar en un serio problema de orden público tal y como ha sucedido en Murcia, por eso vamos a recomendar que el Ayuntamiento estudie impugnar este dictamen". En este sentido, Ciudadanos ha recordado que la infracción del orden público puede dar lugar a la impugnación de acuerdos sociales. En concreto, el artículo 205.1 de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC") dispone que la acción de impugnación puede hacerse cuando "tenga por objeto acuerdos que, por sus circunstancias, causa o contenido resultaren contrarios al orden público". "Creemos que el Ayuntamiento, en virtud de lo ocurrido en Murcia, puede defender la impugnación de este acuerdo atendiendo al artículo 205.1", ha informado Manuel Padín, que también valora buscar "el amparo del Defensor del Pueblo".
Ciudadanos analizará en los próximos días todos los instrumentos políticos y legales que tiene a su alcance para obligar al Ministerio de Fomento y a la Comunidad a buscar un acuerdo con el Ayuntamiento antes de tomar una decisión definitiva, "queremos evitar la confrontación vecinal, y salvaguardar la paz social en este municipio"