Esta mañana, la viceportavoz del Grupo municipal MC Cartagena, Isabel García, ha anunciado que su formación solicitará, durante el transcurso del próximo pleno municipal, que el superávit resultante de la liquidación de los ejercicios comprendidos entre 2011 y 2016 del servicio del agua "sea aplicado, principalmente, a la amortización y consiguiente rebaja de la deuda y el recibo mensual".

García ha añadido que la propuesta cartagenerista incluirá que otra parte se dedique "a un plan de mejora y modernización de las redes de alcantarillado y saneamiento más necesitadas en todo el municipio".

Conviene contextualizar que, en verano de 2017, técnicos del área de Desarrollo Sostenible, servicio dirigido por José López (MC), comunicaron a la mercantil Hidrogea Gestión Integral de Aguas de Murcia, S.A., los estudios previos para la liquidación del superávit correspondiente al periodo 20112016, así como la regularización de los ingresos percibidos por la misma relativos a la explotación de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de Cartagena.

"Desde esa fecha - ha añadido la edil -, no consta que la alcaldesa y el Gobierno socialista hayan avanzado en este asunto". No obstante, ha aludido a noticias llegadas a través de "afirmaciones de los presidentes de Juntas Vecinales presididas por el PSOE, realizadas durante este mes y posiblemente producto de un descuido o exceso verbal, que han desvelado que el Ejecutivo socialista pretende dedicar esta cantidad, así como la que resulte de la liquidación de 2017, a obras y no a una rebaja del precio del recibo".

Cantidad cobrada indebidamente

Los estudios efectuados por técnicos municipales concretaban que la cantidad cobrada de más en los recibos de los usuarios por parte de la concesionaria ascendió a 13.929.079,57 euros. Igualmente, se proponía que este dinero de los cartageneros se aplicara a la amortización anticipada de las inversiones realizadas por el Servicio Municipal de Agua, lo que rebajaría los costes en más de 4 millones de euros para 2018.

El objetivo perseguido por MC es que la totalidad de los usuarios abonen un precio justo por el servicio, tal y como establece la Ley de Contratos, atendiendo a las necesidades concretas e históricas que garanticen la igualdad de los vecinos en todo el municipio.

Obras defendidas por MC con cargo al superávit

En la situación actual, y asumiendo la utilización de parte de este dinero para acometer obras de modernización de las redes de alcantarillado y saneamiento, MC Cartagena considera ineludibles actuaciones como:

La llegada del servicio de agua potable a Campillo de Adentro, demanda histórica de los residentes de la zona.

Canalización de pluviales de El Llano. De este modo, se solventarían, definitivamente, los problemas de escorrentías que han afectado, entre otros, al colegio, además de generar riesgos constantes a la salud de las personas.

Dotación de alcantarillado al paraje de Los Madriles (La Azohía/Isla Plana), así como el paraje de Los Barberos (La Aljorra).

Acometer la descentralización de contadores en las zonas rurales y núcleos diseminados.

Ejecutar la canalización de los márgenes del Camino del Sifón, necesidad inaplazable.

Isabel García ha afirmado que "esta oportunidad debe ser aprovechada para actuaciones de este tipo, que mejoren la red y la calidad de vida, y no destinarlas a obras de urbanización en superficie como hizo el anterior gobierno. Aunque mucho nos tememos que puedan reincidir los socialistas".

La viceportavoz de MC ha continuado argumentando la tramitación necesaria para dar viabilidad a las obras de ampliación y renovación de las infraestructuras, tal y como establece el pliego.

Los proyectos, que responderán exclusivamente a actuaciones reseñadas en el pliego y no de regeneración o reforma urbana, se elaborarán por técnicos municipales, por ser de exclusiva competencia municipal.

Los proyectos se aprobarán y licitarán por el órgano municipal correspondiente.

La ejecución de las obras será dirigida e inspeccionada portécnicos municipales, así como certificada.

García ha precisado que este procedimiento "garantiza la legalidad y la optimización de recursos. Al tiempo, se impide que la concesionaria disponga libre e irregularmente del dinero de los usuarios, como ha sucedido en otras ocasiones, prácticas investigadas en el orden penal y por las que habrán de responder los responsables".

La concejal de MC ha añadido que la línea de responsabilidad y cumplimiento de la legalidad impuesta por su formación permitirá canalizar "una propuesta realista que dará lugar al plan municipal deampliación y renovación de las infraestructurasmás importante desde 1992".

Compatible con esta iniciativa, la dirigente cartagenerista ha avanzado que "continuaremos con nuestra labor de fiscalización, trabajando para que se cumpla la legalidad y se resuelva el contrato por los incumplimientos de la concesionaria".

Ha concluido afirmando que, "entre las cuestiones que estamos estudiando actualmente, de cara a la resolución del contrato, subyacen aspectos como la subcontratación de prestaciones principales del contrato y la falta de declaración y liquidación de los ingresos por servicios prestados a los abonados, además de las ya conocidas duplicidades en la provisión de insolvencias y otras partidas, y la nulidad de la ampliación del contrato por 25 años aprobada y defendida por PP y PSOE".