- La formación naranja exigirá la puesta en marcha de un Plan de Protección de la Convivencia y Seguridad Vecinal contra la ocupación ilegal que incluya, entre otras medidas, la creación de una Oficina de Defensa de los Derechos de los Vecinos afectados
- La propuesta de Ciudadanos también incluirá que se refuerce de forma inmediata la presencia policial y el patrullaje preventivo en los puntos 'ocupados'
El Grupo Municipal de Ciudadanos en Cartagena ha anunciado que defenderá en el próximo Pleno ordinario una moción para combatir con determinación el aumento de los delitos contra el patrimonio y el deterioro de convivencia vecinal relacionados con las ocupaciones ilegales en el municipio. La formación naranja exigirá la puesta en marcha de un Plan de Protección de la Convivencia y Seguridad Vecinal contra la ocupación ilegal que incluya, entre otras medidas, la creación de una Oficina de Defensa de los Derechos de los Vecinos afectados por la Ocupación Ilegal, como órgano encargado de velar por la seguridad y la convivencia vecinal.
Según ha informado Cs, esta Oficina debe contar con una unidad de seguimiento contra las ocupaciones ilegales para coordinar las acciones de vigilancia e instruir los expedientes administrativos que acrediten los hechos contrarios a las ordenanzas en materia de convivencia y de protección ciudadana partiendo de las denuncias en un punto centralizado de atención vecinal contra la usurpación, de manera que sirva como prueba en los procesos judiciales pertinentes.
La propuesta de Cs incluye que se refuerce de forma inmediata la presencia policial y el patrullaje preventivo en las zonas afectadas por el problema de la ocupación y que en el plazo máximo de tres meses se inicien los trabajos para la elaboración de un censo de viviendas ocupadas cuantitativo y cualitativo, donde se indique el tipo de ocupación, diferenciando las ocupaciones mafiosas de las personas que las realizan por razones de necesidad. Todo ello respetando la normativa sobre protección de datos.
Según el portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, "este Grupo Municipal ha podido comprobar de primera mano que el fenómeno de la ocupación ilegal y violenta está creciendo en Cartagena; el último ejemplo lo estamos viviendo desde hace tiempo en Pozo Estrecho, zonas del centro de Cartagena y en La Palma, donde pudimos hablar con los vecinos que están desesperados y atemorizados". "En algunos casos, esta ocupación está promovida por grupos de delincuencia organizada, como intermediarios que tratan de obtener un lucro aprovechándose de la desesperación de muchas familias que carecen de vivienda o que la han perdido en un desahucio, o utilizando el inmueble como base de operaciones para otras actividades criminales, como el tráfico de drogas en los llamados narco-pisos", ha explicado Manuel Padín.
Para la formación naranja, este crecimiento en los casos de ocupaciones ilegales tiene su origen, por un lado, en una carencia de instrumentos legales que permitan reaccionar una vez constatadas y promover un desalojo efectivo y ágil de los inmuebles y, por otro, en una escasez de medios humanos y materiales para detectar estas ocupaciones y ejecutar las correspondientes órdenes de desalojo.
Manuel Padín asegura que "la falta de respuesta por parte de los poderes públicos genera una sensación de desprotección para los legítimos propietarios como para los vecinos que tienen que enfrentarse a este tipo de situaciones, así como de impunidad para las mafias que realizan este tipo de actividades delictivas". "Se hace necesario, por tanto, reforzar urgentemente nuestra legislación para garantizar la seguridad y convivencia ciudadana", ha advertido el portavoz naranja que ha recordado que "se ha registrado una Proposición de Ley (PL) con esta finalidad en el Congreso de los Diputados, cuya admisión a trámite pronto habrá de ser sometida a la toma en consideración de los diferentes Grupos Parlamentarios".
Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados
Entre las medidas recogidas en la PL destacan:
1) Reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para legitimar a las Juntas de Propietarios, a través de su Presidente, para instar el desalojo de viviendas ilegalmente ocupadas cuando supongan una perturbación para la convivencia y seguridad de la comunidad de vecinos.
2) La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para que los desalojos de viviendas ocupadas ilegalmente se tramiten a través del procedimiento de "juicio rápido", con el fin de minimizar los plazos procesales, y para permitir la inmediata recuperación del inmueble por el legítimo propietario en tanto dure el proceso.
3) La reforma del Código Penal, para elevar las penas en casos de ocupaciones ilegales y violentas de viviendas, y para tipificar como delito específico las ocupaciones ilegales que bien sean promovidas por grupos criminales organizados para obtener un lucro, o bien que sean llevadas a cabo por dichas organizaciones para desarrollar otro tipo de actividades delictivas, como el tráfico de drogas o la trata de seres humanos.
4) Por otra parte, cualquier iniciativa que aborde el fenómeno de las ocupaciones ilegales no puede ser ajena al origen que lleva a muchas familias a verse en manos de estas organizaciones criminales, que no es otra que la situación de necesidad de una vivienda cuyos costes no pueden afrontar o de la que se han visto privados tras un desahucio, en la mayor parte de los casos, por circunstancias sobrevenidas y ajenas a su voluntad tras la reciente crisis económica.