El preámbulo de la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, tiene por objeto la protección, conservación, acrecentamiento, investigación, conocimiento, difusión y fomento del patrimonio cultural de la Región. Asimismo, supone una concreción del artículo 8 del Estatuto de Autonomía, que recoge que la Comunidad Autónoma protegerá y fomentará las peculiaridades culturales, así como el acervo de costumbres y tradiciones populares de la misma, respetando en todo caso las variantes locales y comarcales.
Esta regulación se establece desde que las competencias relativas al patrimonio histórico son transferidas a las Comunidades Autónomas, y se hace con la voluntad de iniciar un proceso que facilite y acerque esta protección, potenciando la herencia cultural identificada en una determinada ubicación geográfica próxima. La propia Constitución española traza esa línea para fomentar el progreso de la cultura, y hace recaer sobre los poderes públicos el deber de facilitar la participación de los ciudadanos en la vida cultural.
El presidente y portavoz de MC, Jesús Giménez, ha reseñado, sobre la doctrina del Tribunal Constitucional relativa a la protección de la herencia cultural, que ésta "ha evolucionado desde el reconocimiento, en su sentencia 17/1991, de la existencia de un estatuto peculiar de unos determinados bienes, patrimonio cultural de todos los españoles, e incluso de la comunidad internacional, a la más reciente sentencia, 122/2014, que establece un nexo entre los bienes de interés cultural cerrados a la visita pública y el expolio de los mismos, esto último competencia exclusiva del Estado español".
Jesús Giménez ha puesto en conexión esta doctrina con la normativa regional "el destinatario del mandato constitucional de velar por el patrimonio histórico es directo hacia las administraciones autonómicas y, en el caso concreto de la CARM, resulta ineludible adaptar la Ley de Patrimonio Cultural regional a esta doctrina, para alejar y preservar nuestro legado cultural de la especulación urbanística, el expolio por acción u omisión y los intereses políticos partidistas, priorizando las verdaderas necesidades de los Bienes de Interés Cultural independientemente de su titularidad real".
El portavoz de la formación cartagenerista ha indicado que "en unos días se cumplirán diez años desde la entrada en vigor de la Ley 4/2007, y es una necesidad y una obligación ineludible desarrollarla con un reglamento que ofrezca certezas frente a la indefinición y el abandono de una importante parte de los bienes culturales de nuestra Comarca, y también frente al capricho y las servidumbres de los políticos de turno".
"Una de nuestras grandes preocupaciones es el expolio por omisión, del que la administración regional es cómplice, de modo querido o no, con la exiguas medidas de protección o la no apertura al público de ciertos bienes", ha asegurado Giménez.
El presidente de MC ha señalado que "estos síntomas nos llevan a solicitar un tratamiento, y ése es necesariamente el reglamento que desarrolle la Ley, que debe obligar, abandonando el podrá por el deberá, para que los propietarios, públicos o privados de BIC, tengan que rehabilitarlos y mantenerlos en un plazo determinado y en las condiciones que merecen, basándose en criterios objetivos y no en criterios de oportunidad política; así trabajamos en MC y así debe trabajarse en la Comunidad".
Jesús Giménez ha finalizado afirmando que "se trata, en primer lugar, de evitar el expolio y, después, fomentar la visita pública, acrecentar el valor patrimonial e impulsar al motor de riqueza que para la Comarca de Cartagena y, por ende, para la Región, supone nuestro patrimonio. Por eso, las medidas legales deben impulsar y no frenar la rehabilitación de nuestro patrimonio. Y así lo trasladaremos en breve a la Asamblea y al Gobierno regional".