El Grupo municipal MC presentará en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Cartagena, que se celebrará el jueves 23 de febrero, una moción para que se constituya una comisión de investigación que estudia las actuaciones y omisiones realizadas desde el año 2006 relativas al suelo de uso dotacional administrativo que circunda el edificio de San Miguel, y en particular la adquisición por expropiación de la finca donde se ubicaba el Hotel Peninsular, acordada en la Junta de Gobierno Local el 29 de diciembre del pasado año.

De este modo, la propuesta que presentará el portavoz del Grupo municipal, Francisco Calderón, tendrá entre sus objetivos el estudio de la relación y comparación con las adquisiciones del resto de los edificios y parcelas afectadas por su clasificación en el Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico (PEOPCH).

Expropiación de la finca iniciada hace más de diez años por el PP

El acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de adquirir la finca situada en la Calle Cuatro Santos, consumaba la expropiación de la finca iniciada más de diez años atrás, por decreto de 5 de julio de 2006 del entonces concejal de Urbanismo, Agustín Guillen, del PP.

Este inmueble, clasificado en el PEOPCH con un uso dotacional administrativo, fue adquirido al patrimonio municipal por la cantidad de 505.609 €, según informe de valoración emitido por técnico municipal, de 22 de diciembre de 2016.

Calderón ha asegurado que "se trata de uno de los dos inmuebles que estaban pendientes de incorporación al patrimonio municipal desde que en 2006 el PEOPCH destinara toda la manzana que circunda el edificio administrativo de San Miguel a uso dotacional administrativo, siendo demolidos todos los que fueron adquiridos con anterioridad".

Asimismo, el portavoz del Grupo municipal MC ha recordado que días después de esta adquisición se publicó en prensa que un candidato de la lista de MC a las elecciones municipales, en concreto el número 12, era propietario del inmueble, y diversos partidos han sembrado dudas sobre que esta operación pudiera beneficiarle.

"En concreto, primero se habló de ilegalidad por incompatibilidad de los concejales de MC, después de la falta de un informe preceptivo y en fechas posteriores de la excesiva rapidez con que se cerró la operación, hasta derivar en diversas noticias relativas a las quejas de los sindicatos por no resultar consultados o a las dudas sobre la valoración del inmueble efectuada por técnicos municipales", ha añadido Calderón.

"Con el paso de los días", ha continuado Francisco Calderón, "las iniciales acusaciones relativas a la incompatibilidad o la falta de informes fueron desapareciendo, las quejas de los sindicatos han sido desmentidas por los dirigentes de éstos, y ya no se habla de ilegalidades, sino de 'vertiginosos trámites' y 'ocultación'".

Transparencia por parte del Grupo municipal MC

El portavoz del Grupo municipal MC ha señalado que la controversia mediática y el uso político de un acto administrativo, en este caso una expropiación, "ha podido generar en los cartageneros dudas e incertidumbres que deben ser aclaradas para salvaguardar a la institución, a quienes han actuado en el expediente y para dejar claro cuál ha sido la actuación del Gobierno en este procedimiento administrativo".

Calderón ha subrayado que "es saludable huir del oscurantismo de otras etapas y con el ánimo de que los ciudadanos puedan tener un conocimiento pleno de esta operación, promovemos la constitución de una comisión de investigación". "Además, por responsabilidad, estamos en la obligación de hacerlo, para posibilitar una verdadera fiscalización de la actuación, huyendo de la política del rumor, y para impedir que la imagen de los funcionarios actuantes en el expediente pueda quedar en entredicho por la crítica política", ha concluido Francisco Calderón.

Por todo ello, el Grupo municipal MC, a pesar de que el primer día que se preguntó por esta expropiación el propio alcalde, José López, compareció ante los medios y ofreció todas las explicaciones, y que con posterioridad los grupos de la oposición, algunos varias veces, han revisado los expedientes y obtenido copias, considera que debe erradicarse toda sombra de duda en relación con la actuación municipal.