El trámite de aprobación de las Cuentas de la Sociedad Casco Antiguo y, con ella, el dictamen de la Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al año 2014, que se ha sometido a votación hoy jueves en el pleno municipal, no ha llegado a buen puerto, dado que ha contado con el voto en contra de todos los grupos de la oposición (PP, Ciudadanos y CTSSP).
Un hecho inédito al que no encuentra explicación la vicealcaldesa y portavoz del equipo de gobierno municipal, Ana Belén Castejón, que acto seguido ha mantenido un contacto con los medios de comunicación. Para la edil, se trata de un cuestión puramente técnica, las cuentas se tienen que llevar al día, comprobar si cuadran y entonces aprobarlas y llevarlas al Tribunal de Cuentas, que es lo que traíamos hoy, y después ya este tribunal lo somete a fiscalización.
En esas cuentas de 2014, con gobierno del Partido Popular, se integra la gestión de Casco Antiguo, que , tal y como ha recordado Castejón, estaba presidida por el edil Popular Francisco Espejo, y hoy su grupo ha votado en contra de la aprobación de las cuentas de una sociedad que él presidía, algo que los cartageneros verán claramente como un gesto de irresponsabilidad.
La portavoz del gobierno municipal ha advertido de las consecuencias de esta acción, que podría acarrear infracciones y que el gobierno central deje de darle dinero al Ayuntamiento, pero también ha lanzado un mensaje de esperanza e ilusión a ciudadanos y funcionarios, estamos dando la cara y trabajando para buscar soluciones, en equipo, diciendo la verdad y apoyando al alcalde sin fisuras. En este sentido, ha anunciado próximas reuniones con los Servicios Jurídicos y la Intervención municipal para luego contactar contactar con el Ministerio.
El Tribunal de Cuentas ya ha comunicado al Ayuntamiento que debe entregar la cuenta general antes del 15 de octubre. Castejón, además, se ha referido a la visita que este mismo lunes realizaron inspectores de la Agencia Tributaria a Casco Antiguo para revisar las subvenciones que desde 2008 entregaba la junta de gobierno a dicha sociedad, y comprobar si formaban parte del precio que debía pagar el ayuntamiento por la nueva sede administrativa de la calle San Miguel.
La Interventora ya hizo un informe del que hemos dado a cuenta al resto de grupos, afirmaba Ana Belén Castejón, en el que se resalta la importancia de adquirir el edificio en escritura pública y pagar el IVA, en definitiva regularizar esta situación. La cantidad que el Ayuntamiento tiene pendiente de pagar a la sociedad puede rondar los dos millones de euros, un nuevo revés que afectará a las cuentas municipales, por culpa de la nefasta gestión del equipo de gobierno anterior, que ahora vota en contra de sus propias cuentas, tiene que dar explicaciones de por qué han dejado un ayuntamiento endeudado ( en torno a 140 millones de euros) e intervenido hasta 2022.
A todo esto se añade la resolución publicada hoy mismo en el Boletín Oficial del Estado, poniendo en duda la eficacia y diligencia del Ayuntamiento de Cartagena en cuanto a transparencia y los procesos de envío de información a Recaudación