Demostrando dar la espalda a las exigencias de la ciudadanía, el PP y la alcaldesa Pilar Barreiro han rechazado, como pedía IU-Verdes, que el Ayuntamiento apoyara la manifestación, y que la alcaldesa participe de la pancarta que la abrirá, del próximo jueves en reclamación de la apertura de las plantas de hospitalización del Rosell. Y lo ha hecho el concejal de Sanidad, Nicolás Ángel Bernal, con una manipulación de datos con la que quería demostrar que la situación sanitaria del Área 2 de Salud, con un único hospital operativo, es mejor que la del Área que engloba a la capital de la Región y diciendo que el Rosell es un hospital vivo y en funcionamiento, algo que cualquier ciudadano de Cartagena y su Comarca saben que es una absoluta falsedad.
El equipo de Gobierno del PP se niega a tomar medidas contra Puerta Nueva en defensa de los intereses económicos municipales. IU-Verdes ha pedido que el Ayuntamiento apoye la decisión del Consejo de Administración de Casco Antiguo para emprender acciones judiciales contra la empresa para el cobro de las cantidades que adeuda al Ayuntamiento, denuncia que en su día ya fue formulada por la formación de izquierdas. Desde IU-Verdes se ha solicitado que el pleno, que hace tres años se negó a llevar el tema a la Fiscalía, como ha decido ahora Casco Antiguo, con calificaciones como que la oposición actuaba "de modo temerario poniendo en riesgo el cobro de los 3,5 millones de euros adeudados" al haberse iniciado la reclamación en vía civil y tildando la actuación de la oposición como "intereses partidistas, de montar un circo, de acoso y derribo del Gobierno y de oposición radical", rectifique lo que la mayoría del PP evitó entonces y apoye sin reservas las actuaciones judiciales que emprende Casco Antiguo. La negativa a aprobarla ha sido formulada por el concejal Francisco Espejo, diciendo que "en el tema de Puerta Nueva se ha hecho lo que se tenía que hacer" y defendiendo la gestión de Casco Antiguo, pero sin entrar en el fondo de lo que se pedía en la moción. El citado edil se ha reiterado en lo mismo que hace tres años, asegurando que se está acosando al PP y que tal petición es electoralista.
Los intereses económicos del municipio tampoco merecen mucho respeto al PP. De ese modo, el equipo de Gobierno se ha negado a aprobar una moción de IU- Verdes en el sentido de iniciar los procesos administrativos pertinentes para garantizar el cobro de los 440.000 euros que, según el Tribunal de Cuentas, la Comunidad Autónoma le debe al Ayuntamiento en concepto de impuestos impagados y, en caso de que no se satisfaga dicha deuda, iniciar un proceso de ejecución o judicial. Posibilidad ésta que está amparada por la ley y que es la que se sigue con cualquier ciudadano que no pague sus impuestos. Deuda que, según el citado Tribunal, corre el peligro de prescribir. Según la concejala de Hacienda, Fátima Suanzes, desde el Organismo de Gestión Recaudatoria se emplean medidas de tal tipo con otras administraciones -aunque tan sólo ha mencionado un caso referente a Defensa- y que lo que se está haciendo con la Comunidad es compensar las deudas y que se está a la espera de una resolución respecto a las deudas que mantiene en la actualidad con el Ayuntamiento.
La situación de las personas registradas en las oficinas de empleo como paradas unas 23.000, siendo algunos miles más según la Encuesta de Población Activa- no importa al PP . Ha quedado claro en su negativa a aprobar la moción de IU-Verdes para crear una comisión de estudio y evaluación de la situación del desempleo formada por todos los partidos con representación municipal, sindicatos y empresarios para abordar una estrategia -dotada de los instrumentos necesarios- para variar la situación del paro en Cartagena. La formación de izquierdas ha recordado que el número total de parados registrados es de 22.447 personas, con un incremento respecto al último mes de 347 y que, pese a que el PP hace énfasis en que hay 1.000 parados menos que en enero de 2014, la realidad es que se está en niveles aún peores a los de enero de 2012. En tal fecha había en el municipio 22.246 parados. El concejal Joaquín Segado ha justificado su negativa refiriendo que el mayo número de parados "vienen de los tiempos de Zapatero", olvidando que en la Comunidad y en el Ayuntamiento ha gobernado el PP en los últimos 20 años. También ha dado cifras respecto a la labor de la ADLE, con algunos centenares de colocaciones gestionadas por este organismo, pero en definitiva ha seguido mostrando su inactividad frente al principal problema, y el que más preocupa, de la ciudadanía.
Y es que los trabajadores y sus derechos no son algo prioritario para el PP, sino todo lo contrario. Algo que ha quedado claro en el pleno. El concejal de Agricultura, Nicolás Ángel Bernal, ha rechazado la moción de IU-Verdes para pedir a la Comunidad Autónoma medidas para que se defiendan los derechos laborales de los trabajadores Agrícolas (actualmente se hacen jornadas de 10 horas y más, el salario que se paga es menor que el que recoge el convenio, se hacen pagos a destajo que están prohibidos y no se cotizan todas las horas a la Seguridad Social, con el fraude para las arcas de ésta y los perjuicios futuros -desempleo, pensión, etc..- para los trabajadores) y para que se potencie la comercialización y consumo de los productos autóctonos de la Comarca, creando una marca propia. Los motivos para el rechazo han sido, según el edil citado, la falta de competencias de su concejalía y la "gran labor" que contra el fraude laboral está haciendo el Partido Popular.
Los derechos humanos tampoco son una preocupación prioritaria para el PP. Así, la petición realizada por IU-Verdes de que el pleno del Ayuntamiento se sume a la petición al Ministerio del Interior de que conceda asilo político -inicialmente denegado- a Hassana Alia, joven saharaui cuya vida corre peligro en caso de regresar al Sahara ocupado por Marruecos, ya que ya ha sido torturado en anteriores ocasiones por la policía marroquí, ha sido rechazada por el PP. El concejal Joaquín Segado lo ha justificado aduciendo que la ley que regula el asilo no la aprobó su partido, sino el PSOE y que la cuestión de concederlo o no es un tema judicial y no político, dejando de lado el peligro real que corre la vida del joven saharui, dato avalado por un informe de ACNUR.
Lo que sí que defiende el PP es seguir manteniendo sus afinidades políticas y personales. Ello es palpable en la gestión de Puerto de Culturas. Así, se mantienen en su postura de privatización por 50 años de la gestión y de la opacidad en la misma. En el Consejo de Administración hay seis representantes municipales y los seis son del PP. Una opacidad a los grupos de la oposición y a la ciudadanía que tapa el hecho de los ridículos sueldos que cobra buena parte del personal -licenciados ganando a jornada completa 900 euros-, la contratación a dedo de los cargos de mayor responsabilidad y sueldo, etc... Lo mismo sucede con las cuentas, que no se incluyen (como se hace con otras sociedades municipales) en el Presupuesto municipal, lo que permitiría un perfecto conocimiento por la oposición y, por extensión, por toda la ciudadanía. IU-Verdes ha pedido que se incluyan a partir de ahora y la concejala de Hacienda, Fátima Suanzes, ha asegurado que no se hace porque no lo exige la Ley de Régimen de Bases Locales, aunque tampoco lo impide. Así ha demostrado el interés del PP en hurtar a la ciudadanía la información a la que tiene derecho sobre el modo en el que se gastan y gestionan sus impuestos.
Una situación que se ha mantenido en el tema del Auditorio El Batel. IU-Verdes ha pedido la creación de una comisión de estudio y valoración de la gestión del Auditorio El Batel por la empresa adjudicataria para concretar aspectos de incumplimiento del pliego de condiciones para dotar de garantías a la denuncia del contrato para la recuperación pública de la gestión del Auditorio. El concejal Cayetano Jaime ha recordado -algunos parecen olvidarlo o mienten por intereses partidistas- todo el proceso de oposición de IU-Verdes a la privatización de dicha gestión desde que volvió a tener representación en la corporación en 2011. La concejala de Cultura, María Rosario Montero, ha sido la encargada de rechazar la moción, pero no lo ha hecho dando argumentos sobre el cumplimiento o no del pliego, sino a base de una enumeración de actuaciones y congresos celebrados desde su apertura, obviando que tales eventos también se podían haber celebrado, y con menor coste, en el caso de una gestión pública del Auditorio.
Y cabría pensar que también ese es el motivo para rechazar la moción de IU-Verdes en la que se pide que de cara al próximo verano se cambie la ubicación de un chiringuito de Cabo de Palos que incumple, y así lo ha reconocido hasta la Defensora del Pueblo, diferentes leyes y ordenanzas en lo relativo a su ubicación en una zona que causa perjuicios a los vecinos, afecta a un Bien de Interés Cultural como es el Faro de Cabo de Palos y no se ubicó el pasado verano en el emplazamiento autorizado por la Demarcación de Costas. El concejal Francisco Espejo la ha rechazado justificando que da empleo y favorece el turismo dicho chiringuito, olvidando que la petición recogía que se colocara en un emplazamiento idóneo, no que se eliminara el derecho de las personas que solicitan la concesión a desarrollar tal actividad económica.
E incluso también en el tema de la concesión de la gestión del Centro de Acogida y Tratamiento de Animales Domésticos. IU-Verdes ha pedido que se cree una comisión para redactar un pliego de condiciones para la adjudicación de dicho servicio que cumpla la ley. Petición avalada por el hecho de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda que, ante un recurso interpuesto por la Asociación Cuatro Gatos Defensa Animal, ha anulado el pliego de condiciones que se había redactado desde la concejalía de Sanidad por incumplir leyes comunitarias, las que regulan la actividad de contratos del sector público y a jurisprudencia con antigüedad de más de once años. El concejal Nicolás Ángel Bernal ha sido el encargado de rechazarlo volviendo a faltar a la verdad, como ya se hizo en la web municipal respecto a la resolución del citado Tribunal y dando la vuelta al texto de la misma para esconder la realidad de haber redactado un pliego de condiciones que no se ajusta a la legalidad vigente y que ha sido por lo tanto anulado por el Ministerio de Hacienda.