El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de dicho ministerio, ante un recurso de la Asociación Cuatro Gatos Defensa Animal, ha señalado que el pliego no se ajusta a las leyes comunitarias, a las que regulan la actividad de contratos del sector público y a diversa jurisprudencia de los últimos once años

 El Grupo Municipal de Izquierda Unida-Verdes ha solicitado en el día de hoy que se convoque una comisión, con participación de los grupos políticos de la oposición y de las asociaciones de defensa de los animales registradas en el municipio, al objeto de establecer los criterios, condiciones y objetivos que informen la redacción de un nuevo pliego de condiciones para la licitación, en su caso, de la gestión de este servicio. La petición obedece a la resolución dictada el pasado 13 de febrero por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ante recurso impuesto por la Asociación Cuatro Gatos de Defensa Animal, por la que se anula el procedimiento de contratación puesto en marcha por el Ayuntamiento para la concesión del servicio del Centro de Acogida y Tratamiento de Animales Domésticos (CATAD).

La resolución se basa en que el pliego de condiciones redactado por la Concejalía de Sanidad es contrario a las leyes comunitarias, a las que regulan la actividad de contratos del sector públicos y a diversa jurisprudencia de los últimos once años. Ante esta situación, lo manifestado por el concejal de Sanidad, Nicolás Ángel Bernal, en el último pleno, ante una moción presentada por Izquierda Unida-Verdes, en el sentido de que el pliego de condiciones se ajustaba totalmente a la legalidad, cae en el terreno del esperpento, no por que lo diga Izquierda Unida-Verdes -que también- sino por que queda claro de la lectura de la resolución del mencionado tribunal dependiente del Ministerio de Hacienda que, por cierto, está dirigido por el mismo partido que acoge al concejal Nicolás Ángel Bernal.

Por todo ello, la formación de izquierdas ha pedido que la comisión a crear para la redacción del nuevo pliego vele por el cumplimiento de todo lo recogido en la resolución dictada, así como que dado que con esta manifestación jurídica se pone fin a la vía administrativa y ha de ser un comportamiento habitual entre los gestores públicos no judicializar la vida política, por cuanto no sería razonable sobrecargar más la ya importante carga de trabajo de jueces y fiscales por un empecinamiento carente de sustento legal del Partido Popular de Cartagena y su concejal de Sanidad.