La falta de interés del Partido Popular por acabar con el desempleo y dar solución a las personas que se encuentran sin empleo ha quedado patente en la negativa a aceptar la moción presentada por Izquierda Unida-Verdes solicitando que se reúna la mesa del empleo para analizar la situación socio-laboral del municipio y sacar conclusiones para crear empleo, luchar contra el fraude en la contratación laboral y fomentar la formación de los parados. Todo ello ha sido solicitado por la formación de izquierdas tras haber realizado un estudio que demuestra, entre otras muchas conclusiones, que pese a que la mayor inversión que se realiza en nuestro municipio está enfocada a llevar el modelo productivo hacia el sector servicios es en éste donde mayor número de parados existe. De hecho, hay ahora 1.300 parados más en comercio que en 2009, 1.370 más en hostelería en el mismo período, 1.000 en las denominadas actividades administrativas y auxiliares y 700 en lo ligado al recorte del gasto público. En cuanto a los contratos se realizan ahora 30.000 más al año que en 2009 (en este año, hasta noviembre, han sido 10.000 más que en 2013), lo que demuestra que hay mucho fraude laboral. En cuanto a la formación, Cartagena tiene el triste récord de tener censados 3.717 de los 6.536 analfabetos que existen en la Región (Murcia cuenta con 938) y 4.417 personas sin estudios primarios concluidos (Murcia, que duplica la población cartagenera, tiene una cifra casi similar, ya que son 4.940), lo que demuestra que es necesaria la formación para acabar con la alta tasa de paro, ya que tales personas tienen más difícil integrarse en el mercado laboral. Pues todo ello no ha sido considerado suficiente por el equipo de Gobierno del Partido Popular, que a rechazado la moción a través del concejal de Empleo, Joaquín Segado, quien pese a que los datos referido han salido de la propia Comunidad Autónoma -gobernada por el PP- ha negado que sean realidad, ha alabado la labor en contra del paro llevada a cabo por el equipo de Gobierno municipal, pese a que la realidad de los datos lo desmiente.

El Partido Popular tampoco tiene interés en acabar con la corrupción interna. Y ello queda demostrado en el hecho de que el vicealcalde, José Cabezos, ha sido el encargado de rechazar la petición hecha por IU-Verdes de que se cree una comisión de investigación presidida por la oposición sobre los contratos del ex pedáneo de La Puebla con el Ayuntamiento, que están siendo investigados por el Tribunal de Cuentas. La petición de la formación de izquierdas estaba argumentada en el hecho de que en el pasado pleno municipal, en el que Izquierda Unida-Verdes propuso candidaturas limpias de imputados para las próximas elecciones, el vicealcalde contestó con la, según él, situación anómala de la diputada de IU Tania Sánchez en relación a la actividad contractual del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. Así, pese a que el consistorio mencionado ni la compañera de IU ha sido objeto de denuncia o investigación judicial alguna, IU en Rivas Vaciamadrid -donde gobierna con mayoría absoluta- decidió constituir una comisión de investigación, siendo nombrado un miembro de la oposición, del PP, presidente de la misma. Por ello, dado que al señor Cabezos le gusta mucho lo que pasa en Rivas Vaciamadrid, se le ha pedido que se aplique el cuento y permita que la oposición presida una comisión de investigación. El único argumento del citado vicealcalde ha sido asegurar que, en lo referente al caso del ex pedáneo, tan sólo existe rumorología y que no es comparable con la situación descrita en Rivas Vaciamadrid.

Y qué decir de la Sanidad pública, algo que tampoco importa absolutamente nada al PP, como demuestra su postura ante la situación de colapso de camas que se vive en el Hospital Santa Lucía. De ese modo, la petición realizada por IU-Verdes de que el pleno condene dicha situación, con camas en los pasillos y enfermos infecciosos desviados a la planta de Ginecología, con el consiguiente peligro, ha sido rechazada por el concejal de Sanidad, Nicolás Ángel Bernal. Éste ha reconocido ignorar la situación real del centro hospitalario y ha 'largado el muerto' del posible desvío de pacientes citado a los facultativos que prestan servicio en el mismo. Todo ello para volver a negarse a reabrir plantas en el Hospital del Rosell y poniendo en peligro la salud de la ciudadanía a la que el PP en general y el citado edil en particular, dicen defender.

La petición de evitar la mala imagen del Casco Antiguo y los perjuicios y molestias para los ciudadanos que supone la acumulación de basuras en contenedores que había solicitado el Grupo Municipal de IU-Verdes a base de incrementar el paso de camiones de recogida, ha sido rechazada por el concejal de Infraestructuras con argumentos tan "brillantes" como que "si hay quejas es porque lo estamos haciendo bien", referencias a Cuba y Venezuela -que, al parecer para el concejal Francisco Espejo forman parte del Casco Antiguo- y, lo peor de todo, achacando el problema a la mala educación de la ciudadanía por sacar la basura fuera de hora. Todo para rechazar el incremento del paso de camiones de recogida de un servicio que pagan todos los cartageneros y para el próximo año con un incremento del 5%.

El concejal encargado de Barrio Peral continúa con sus mentiras respecto a la denominada Plaza de la Constitución. Así, si en el último pleno dijo que se encontraba en perfecto estado para seis días más tarde mandar una brigada a realizar los trabajos más urgentes (retirada de árboles secos y caídos sobre los parterres, podado, eliminación de vegetación no ornamental que había crecido desmesuradamente, etcétera), ahora dice, para contestar a la iniciativa de IU-Verdes de que se terminen las labores y explicara porque mintió en el anterior pleno, que en la plaza se producen revisiones periódicas, cuando hacía más de dos años que no se realizaba ninguna labor en la misma, no sólo de jardinería, sino del más mínimo mantenimiento. Alegando ahora también, para negarse a recolocar los bancos y juegos infantiles que existían, que la plaza tiene un plano inclinado y eso lo hace inviable y quizás peligroso.

El PP también demuestra que no le importa derrochar el dinero de los cartageneros, como demuestra el hecho de que entre 2013 y 2014 se han gastado casi un cuarto de millón de euros en pagar indemnizaciones a ciudadanos por accidentes sufridos por desperfectos en las vías urbanas. Accidentes que se podían considerar normales si no fuera porque en algunos lugares son repetitivos sin que se hayan tomado medidas para arreglar tales deficiencias, peligrosas para la integridad física de los ciudadanos.

Lo que sí que hace el PP es favorecer a sus amigos, a aquellas instituciones regidas por miembros de su formación. Por ello, Izquierda Unida-Verdes se ha opuesto a que el Ayuntamiento exima del 95% Impuesto de Bienes Inmuebles -ese que pagan religiosamente cada año todos los cartageneros que tienen alguna casa- a la Autoridad Portuaria, el organismo público con mayores beneficios de toda la ciudad, mientras que no se hace lo mismo con otras instituciones de carácter público (institutos, colegios y Universidad Politécnica, por ejemplo) que no obtienen los rendimientos económicos, ni mucho menos, que tiene el organismo que gestiona el Puerto. Desde la formación de izquierdas se hubiera entendido quizás la bonificación del 95% si hubiera existido alguna contraprestación, caso de la conversión de la zona de El Espalmador en una playa urbana cuando sea desafectada por el Ministerio de Defensa y pase a depender de la citada Autoridad Portuaria.

Y quizás en tal aspecto habrá que situar el hecho de que el concejal de Infraestructuras, Francisco Espejo, no ha dado datos sobre qué cantidad reporta al Ayuntamiento la terraza de más de 200 metros cuadrados del quiosco colocado en la plaza de San Francisco, de titularidad municipal, y cuya excesiva ocupación de espacio ha provocado numerosas quejas entre vecinos y otros empresarios de hostelería que ven un enorme agravio comparativo entre lo que ellos abonan por el canon de ocupación de vía pública y lo que, al parecer, satisfacen los concesionarios de tal establecimiento municipal.