La ausencia de política de vivienda pública por parte del equipo de Gobierno de Pilar Barreiro ha sido y es una evidencia en casi las 2 décadas que lleva al frente del Ayuntamiento. En las épocas de bonanza, en lugar de aprovechar el 10 % de aprovechamiento obligatorio en la gestión de las unidades de actuación, el equipo popular revendía a los promotores ese porcentaje, privando al municipio de suelo público para poder llevar a cabo una política de vivienda pública adecuada.
Mientras que en otras partes de España, con ese porcentaje los distintos municipios se han ido dotando de un parque de vivienda propio que se destina a vivienda en alquiler, a casas asignadas a personas víctimas de violencia de género, o a realojos provisionales, en Cartagena todo se dejó a los designios del mercado.
Tenemos que recordar que en el BORM de 27 de febrero de 2.007 se publicó el convenio entre la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia relativo al Almacén Local de Intendencia de Santa Lucia, por el que el Ministerio de Defensa vendía a la CARM dicha infraestructura por un valor de 477.907 € en una parcela de 2106,45 m2. En dicha parcela la Consejería de Obras Publicas a través del Instituto de de Vivienda y Suelo anunció la construcción de 40 VPO en marzo de 2.008 sin que hasta la fecha de hoy se haya hecho absolutamente nada.
Con la llegada del desplome del sector inmobiliario el proyecto estrella de Pilar Barreiro, el Plan Finca Buenos Aires de Molinos Marfagones se encuentra ante muchas dificultades puesto que existen 170 viviendas protegidas sin vender. Desde SPCT siempre pensamos y así lo manifestamos, que no era un proyecto adecuado para el Ayuntamiento, ni por su ubicación, ni por su tipología y sobretodo por su envergadura, y hubiese sido mucho más eficaz la construcción de pequeños grupos de viviendas en distintos puntos del municipio aprovechando el suelo municipal procedente de la gestión de las unidades de actuación, que en el caso de Cartagena volvemos a reiterar se mal vendió a los agentes privados.
Ante esta situación y puesto que el Ayuntamiento es copropietario de la empresa Cartagena Joven, desde SPCT proponemos que el Ayuntamiento ponga en marcha con esas viviendas una bolsa de alquiler de viviendas públicas que den respuesta a cientos de cartageneros que no pueden adquirir una vivienda por la débil situación económica que padecen, agravadas por la supresión de ayudas en las viviendas de VPO, pero que en muchos casos si pueden emanciparse pagando un alquiler asequible.
Con esta medida se estaría consiguiendo un triple objetivo, por un lado poner en valor las viviendas vacías antes de que se estropeen de manera irremediable, en segundo lugar el Ayuntamiento pasaría a ser un agente activo en la política de vivienda del municipio ayudando a resolver un problema vital para muchos cartageneros y en tercer lugar esta acción no tendría apenas efecto sobre las arcas municipales, puesto que a los precios que se están ofertando las viviendas, con el precio del alquiler se cubrirían con creces los costes de la hipoteca.
La inacción del gobierno municipal puede no sólo hacer fracasar definitivamente el proyecto sino que puede privar a los vecinos que ya viven allí de servicios básicos (colegios, consultorios, equipamientos deportivos) puesto que la falta de habitantes puede servir de pretexto para no acometer las infraestructuras prometidas cuando se puso en marcha el proyecto.
Por último desde SPCT apoyamos la petición de supresión de reserva del 25 % de reserva de suelo para albergar hoteles en el caso de Residencial Buenos Aires, puesto que no tiene ningún sentido, pero no apoyamos la desclasificación del suelo para construir vivienda libre en terrenos que han sido adquiridos en parte con dinero de todos los cartageneros.