Izquierda Unida-Verdes ha pedido en el pleno de hoy la dimisión de la alcaldesa por su imputación formal en el caso Novo Carthago -tal y como se establece en las diligencias previas y en el informe del ministerio fiscal en el caso en el que ya se ha imputado a diversos políticos regionales, por lo que casi se podría hablar de una trama delictiva- y para salvaguardar los intereses públicos del Ayuntamiento y la imagen institucional del mismo. Pero la alcaldesa, que va calificando, en todas las ocasiones que se le presentan, las actuaciones judiciales como injurias y calumnias, no tiene intención de dimitir y no lo ha hecho. El vicealcalde Cabezos la ha defendido negando la imputación en contra del criterio del tribunal y del ministerio fiscal, intentando justificar la legalidad de las actuaciones realizadas en Novo Carthago y aludiendo a casos de problemas judiciales de dos militantes de Izquierda Unida a nivel nacional -tan sólo dos entre miles de militantes y ambos les han costado ser apartados de sus responsabilidades por la formación de izquierdas-, en un intento vano del "y tú más" que caracteriza a un partido cuyos imputados se cuentan por cientos, cuando no por miles, en todo el territorio nacional y que va a seguir dejando en mal lugar la imagen de Cartagena por mantener como alcaldesa a una persona imputada.

En otro orden de cosas, a la petición de que los comedores escolares municipales abran este verano para atender a los niños en riesgo de encontrarse este verano sin ninguna comida equilibrada que hacer al día, como por otra parte ha pedido la Defensora del Pueblo y va a producirse en seis comunidades autónomas -entre las que no se encuentra Murcia, por lo que la moción pedía que también se instara a la Comunidad Autónoma a que adopte similares medidas-, la respuesta para su no aprobación dada por la concejala de Educación, Josefa Maroto, ha estado en la línea del PP a nivel nacional, afirmando que tal medida señalaría negativamente a los niños usuarios y dejando la labor en manos de las organizaciones no gubernamentales, soltando también 'la perla' de que si los niños no comen, los padres tampoco. Así, como no pueden comer los progenitores, se deja también sin comer a los menores, añadiendo al hambre de aquellos la angustia de ver como sus hijos están desnutridos.

Pero es que el Gobierno del PP apela a la labor de las organizaciones no gubernamentales para atender a las personas en riesgo de exclusión social pero luego las abandona a su suerte, como prueba el hecho de que también haya rechazado la moción presentada para que no se recorte las ayudas ni se pongan trabas para su obtención, como se está haciendo, a colectivos que trabajan en campos como drogodependencias, educación de personas adultas, inserción formativa y laboral, inmigración y minorías étnicas, entre otros. Recortes que se traducen en la eliminación de programas de ayuda a las personas en riesgo de exclusión social. La respuesta negativa a la petición por parte del vicealcalde, José Cabezos, ha sido apelar a la colaboración municipal con todos esos colectivos, sin concretar en qué ha consistido, porque los datos hubieran dejado al descubierto el abandono al que los tiene sometidos la administración municipal.

De nuevo ha vuelto a mostrar el PP que le tiene sin cuidado la salud de los cartageneros porque ante la petición de que no se produzcan cierres este verano en servicios sanitarios y más ante las elevadas listas de espera que se han podido conocer estos días, muy por encima de la media nacional y regional en el Área II de Salud de Cartagena, la respuesta del PP, a través del concejal Nicolás Ángel Bernal, no ha sido otra que apelar, faltando a la realidad de nuevo, a la existencia de dos hospitales en la ciudad y relatando las atenciones realizadas en cada uno de ellos el año pasado, pero obviando en todo momento colapso de servicios, faltas de atención y otros aspectos similares.

Tampoco le interesa mucho más al Ayuntamiento el patrimonio histórico, buena muestra de ello es el rechazo, a través de la concejala de Cultura, María Rosario Montero, de la petición de que el Ayuntamiento exija al Gobierno central, y más concretamente al Ministerio de Hacienda que es su propietario, que se tomen medidas para la restauración del Castillo del Atalaya, que está en un lamentable estado de abandono e incluso sirve de residencia precaria a personas que se encuentran en exclusión social. La respuesta ha sido echar balones fuera, apelando a la situación económica actual -en la que no faltan luego megalómanos presupuestos para obras que cuadriplican sus costes iniciales, caso del Auditorio El Batel, por poner un ejemplo concreto- y contando la visita, ya conocida por otra parte y lejana ya en el tiempo, de personal del Servicio de Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura para ver el estado en el que se encuentra este castillo del siglo XVIII y transmitir los datos al citado Ministerio de Hacienda, aunque éste ya tenia conocimiento de los mismos a través de la Asociación de Amigos del Castillo del Atalaya.

Pero tampoco ha querido el PP tomar medidas para la recuperación del Monasterio de San Ginés de la Jara como proponía IU-Verdes, que pedía que, con cargo a las previsibles economías en la ejecución del actual presupuesto y con una partida en el del próximo año, se iniciaran urgentemente obras de recuperación del conjunto, así como de su huerto y de las ermitas del Monte Miral, sin perjuicio de que posteriormente, a través de aval de Hansa Urbana o por los medios que se consideraran oportunos, se pidiera el pago de los trabajos a los propietarios. El concejal Francisco Espejo, tras salirse como siempre por la tangente y hablar de otras actuaciones realizados en los últimos 19 años por el PP que nada tienen que ver con lo pedido, ha justificado los escasísimos trabajos de reparación que se vienen haciendo en el monasterio como idóneos para su mantenimiento, en contra de la imagen que cualquiera que transite junto a él puede comprobar.

Y en lo referente al ocio de la ciudadanía, el PP, que ha subido los costes de todos los servicios que presta a los cartageneros para equipararlos al coste de la empresa privada, no ofrece servicios de calidad en instalaciones como las pistas exteriores del Pabellón Central, que se encuentran en un deplorable estado de conservación que pone en riesgo la integridad física de los usuarios. Curiosamente, y como tantas otras veces ha ocurrido, tras la denuncia de Izquierda Unida-Verdes resulta, sospechosamente, que la Concejalía de Deportes, como ha asegurado su titular, Diego Ortega, tiene previsto arreglarlas y no lo ha hecho antes -según el citado edil-, por no causar molestias a los usuarios. Unas molestias que, por el contrario, si han tenido que soportar durante meses o, incluso, durante años.

Pero ni que los cartageneros puedan ir a la playa, a las zonas de dominio público y de uso de todos los ciudadanos le merece interés al PP, que siempre antepone los intereses privados a los públicos. La petición de que se garantice el acceso a Cala Morena por el Camping El Portús, ya que la gerencia del mismo quiere cobrar 2 euros por el paso cuando es el único acceso viable para llegar a la citada playa, no ha merecido ser atendida por el gobierno municipal del PP. La gerencia del camping expone que el paso libre debe ser a través de la montaña que separa las dos playas de El Portús, lo que es totalmente imposible para personas de movilidad reducida, niños de corta edad, personas mayores, etcétera, tal y como está recogido incluso en el Boletín Oficial del Estado, que establece que el único acceso es por el camping. El concejal Francisco Espejo ha rechazado la petición asegurando que el Ayuntamiento no es competente en tal materia e invitando a acudir a la Confederación Hidrográfica del Segura o a Costas pero no queriendo hacerlo el Ayuntamiento, que es la administración más cercana a la ciudadanía de Cartagena y utilizando el falaz argumento de que lo que se quiere es acabar con los puestos de trabajo del camping.

Y eso por no hablar del derecho al descanso de los cartageneros, porque pese a existir ya sentencias condenatorias contra el Ayuntamiento por violación de las ordenanzas de ruido en horario nocturno se han autorizado trabajos nocturnos en un centro comercial del Paseo de Alfonso XIII. En ellos se utiliza maquinaria pesada, en contra de lo establecido en la normativa citada, que incluso también deja claro que los trabajos nocturnos tan sólo podrán autorizarse cuando se trata de obras de carácter urgente, lo que no parece ser el caso. La contestación a la petición de que se aclarara cómo es posible que se haya concedido una licencia atentatoria al derecho al descanso de los residentes en la zona se ha limitado a la lectura, por parte del concejal Francisco Espejo, de la licencia concedida, sin entrar en su legalidad, oportunidad y grado de atención a la ordenanza sobre ruido y contaminación acústica vigente.